La Xunta y 70 entidades presentan una alegación conjunta contra el reglamento de Costas
SOMOS MAR
Demandan ampliar la consulta pública de la norma que pretende rebajar de 75 a 30 años las concesiones en el litoral
22 mar 2024 . Actualizado a las 14:35 h.Algo más de 70 entidades públicas públicas y privadas, de las que forman parte 26 concellos, 20 cofradías de pescadores, cinco asociaciones de productores y varias federaciones o organizaciones del sector marítimo y pesquero, se han adherido a la Xunta para presentar una alegación conjunta contra el reglamento de Costas que, entre otras cosas, pretende reducir de 75 a 30 años la vigencia de las concesiones a la cadena mar-industria o aumentar la franja del dominio público marítimo-terrestre.
El conselleiro de Mar en funciones, Alfonso Villares, compareció este viernes ante los medios, junto a la vicepresidenta segunda de la Xunta y responsable de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, para dar cuentas de los argumentos trasladados en el pliego y quejarse del «nulo diálogo» que el Gobierno central mantuvo con el sector para llevar adelante la nueva normativa.
La Administración gallega y el sector demandan, en primer lugar, ampliar el plazo de la consulta pública del reglamento de Costas, pues consideran que los 20 días establecidos son «insuficientes» para darle publicidad y difundirlo entre los interesados. También piden que se comparta la correspondiente propuesta de texto articulado para saber qué es lo que se quiere hacer, así como los objetivos que se persiguen y las soluciones planteadas.
«Non hai ningunha diferenza entre o que se fixo e o que se pretende facer», señaló Ángeles Vázquez, tras recordar que el Tribunal Supremo anuló el reglamento el pasado 31 de enero precisamente por no someterlo a consulta pública. Y el trámite que sí cumple ahora el Gobierno central para sortear este obstáculo «non é unha consulta pública real», objetan desde la Xunta, pues adolece de falta de transparencia y de varias lagunas.
Es más, el Gobierno gallego reprocha a la Administración del Estado que utilice «premisas erróneas» arguyendo que la costa está masificada, y caiga «no estremo» de equiparar el litoral gallego con el de la franja mediterránea. Echa en falta que el reglamento aborde una gestión de los ecosistemas del litoral o que clarifique cómo será la «concorrencia competitiva» que se requerirá para ampliar las concesiones en el dominio público marítimo-terrestre.
Y es que entre las pocas certezas que la Xunta y las entidades adheridas dan por firmes es la pretensión de rebajar de los 75 a los 30 años el período de vigencia de las concesiones para las instalaciones en el dominio público del litoral, así como la posibilidad de ampliar la franja pública hasta la zona donde llegue la ola del mar. Eso, en algunos casos, significa «ir contra a propiedade privada», remarcó Ángeles Vázquez, por lo que considera que el texto debería fijar las soluciones arbitradas para los casos afectados.
Lo que no aclaró el Gobierno gallego en la presentación de la alegación es cuáles son las cofradías de pescadores que se han adherido al texto conjunto, ni si entre los 26 concellos que se sumaron a esta inicaitiva hay alguno que no sea gobernado por el PP.