La Justicia ordena a una cementera de Redondela el cese total de su actividad

E.V.Pita VIGO/LA VOZ.

VIGO

28 may 2010 . Actualizado a las 12:06 h.

Los vecinos de Millarada-Vilar de Infesta, en Redondela, han ganado otra batalla legal contra la fábrica de hormigón JCA, que suministra cemento para las obras del AVE. La actividad de los camiones y las descargas, supuestamente, genera ruido y polvo, lo que atenta contra de los derechos fundamentales de los vecinos. La planta tenía orden de parar por las noches y los días no laborables pero, ahora, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) extiende la prohibición durante todo el día. En la práctica, implica que la factoría del Grupo JCA Hormigones tendrá que suspender sus labores. El parón será total, el cese de la actividad debe ser completa.

Los magistrados dan la razón al denunciante José Manuel Crespo y revocan un dictamen salomónico del 2009 que había dictado el juez de lo Contencioso-Administrativo, quien decretó solo el cierre parcial de la firma por las noches, los fines de semana y los festivos para evitar molestias a los vecinos pero sin dañar la economía de la firma industrial.

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSXG revoca concretamente un punto del pleno del Concello de Redondela que suspendía la sentencia de paralización parcial mientras no se sustanciase el procedimiento de declaración de lesividad y a expensas de lo que resulte del expediente por entender que la paralización parcial acarrearía a la empresa perjuicios de imposible o difícil reparación. La producción de cemento continúo y la dirección rompió ocho veces los precintos policiales.

La sentencia dice que la continuación es ilegal pues la planta carece de licencia al ser anulada la que en su día fue concedida para desarrollarla, anulación que la sala y el Consello Consultivo estimaron procedente. El TSXG fundamenta que si bien es cierto que existe el deber jurídico de soportar, dentro de unos límites, las molestias de actividades necesarias para la vida social, «tal obligación no existe para las actividades ilegales».