Trinidad Jiménez cede ante las presiones de los hosteleros y la tramitación de la norma en las Cortes tendrá que esperar al segundo semestre del 2010.
15 feb 2010 . Actualizado a las 22:00 h.La anunciada reforma de la ley Antitabaco, que prohibirá fumar en todos los espacios públicos cerrados -incluidos bares, restaurantes y lugares de ocio- no estará lista para el primer semestre del año, como había anunciado el Ministerio de Sanidad.
La titular del departamento, Trinidad Jiménez, ha cedido a la presión del gremio de hosteleros (muy hostiles con la medida) y el endurecimiento de la ley tendrá que esperar al segundo semestre. Su tramitación parlamentaria ya no coincidirá con la Presidencia Española de la UE, como era pretensión del Gobierno.
Fuentes del Ministerio de Sanidad precisan que «ni se ha renunciado a la norma ni tampoco ha se ha ralentizado», pues «la única fecha tope para su aprobación es la de finales de 2010».
La congelación de la ley ha sido recibida con entusiasmo por los hosteleros y restauradores, quienes auguran «graves pérdidas» en sus balances económicos. El gremio de hosteleros augura que la reforma provocará al sector pérdidas de 33.000 millones de euros.
Además conllevará el cierre de 70.000 negocios y causará la pérdida de más de 200.000 puestos de trabajo. Trinidad Jiménez justifica el endurecimiento remitiéndose a los datos de la Sociedad Española de Epidemiología. Según esta entidad, desde la entrada en vigor de esta ley -1 de enero de 2006- se han evitado 1.500 muertes al año relacionadas con el consumo del tabaco.
Francia, Italia, Inglaterra y Holanda tienen medidas muy restrictivas, pero el único país que ha llevado la ley a los extremos que ahora desea el Ejecutivo de Zapatero es Irlanda. El PSOE quiere «dialogar» con todas las partes implicadas y tener conversaciones con todos los grupos parlamentarios con el fin de que el texto vaya «maduro» a las Cortes. Se trata de buscar un «amplio consenso», pero el debate se presenta largo y complicado.
En juego hay muchos intereses, y algunos de ellos casi incompatibles.
CiU pide que los tratamientos para dejar de fumar corran a cargo de la Seguridad Social. La presidenta del Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo, María Angeles Planchuelo, ha lamentado el aplazamiento de la reforma. En cambio, Fumadores por la Tolerancia ha mostrado su alegría y regocijo por este aplazamiento.