El texto es una hoja de ruta que servirá de paraguas a la futura ley, que es la que definirá los nuevos espacios sin humo
03 abr 2024 . Actualizado a las 20:25 h.El Ministerio de Sanidad ha aceptado 147 de las 157 propuestas que las comunidades han presentado para el Plan Integral para la Prevención y Control del Tabaquismo (PIT) 2024-2027, que prevé ampliar los espacios en los que se prohíba fumar y vapear. Las otras diez «no han tenido una respuesta positiva», según informa el ministerio, que le ha dado de plazo a las comunidades hasta este jueves a mediodía para que decidan si se adhieren o no al plan.
Este miércoles los directores generales de Salud Pública de las comunidades examinaron con detenimiento el texto ya enmendado respecto al borrador inicial, aunque la última palabra la dirá en todo caso el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que se celebrará el viernes.
Las propuestas que las comunidades remitieron al Ministerio el pasado miércoles tienen como nexo la necesidad de actualizar la normativa antitabaco vigente con el objetivo de reducir la prevalencia del consumo, sobre todo entre los más jóvenes, aunque difieren en las medidas para conseguirlo.
Si finalmente llegan a sacar adelante el plan antitabaco, al que las comunidades pueden adherirse o no, el texto resultante no delimitará los espacios en los que se ampliará la prohibición de fumar, aunque algunas autonomías sí los hayan especificado en sus propuestas.
Así, y como siempre han mantenido los responsables del Ministerio, el PIT es una hoja de ruta que servirá de paraguas a la futura ley, que es la que definirá los nuevos espacios sin humo.
En ello ha vuelto a insistir la ministra de Sanidad Mónica García en una entrevista en TVE donde ha señalado que las terrazas -el punto que más fricciones y diferencias de opinión suscita entre las comunidades-, son lugares en los que la evidencia científica ha corroborado que se consume «humo de segunda mano» perjudicial para la salud, pero su delimitación es algo que «se tiene que derivar en las diferentes leyes» y no en el plan.
La prohibición de fumar en las terrazas de hostelería es un asunto, ha reconocido, que «tiene mucha miga», pero ha valorado que, a nivel técnico, «se ha trabajado muy bien» con los responsables autonómicos y al final se va a «dar más salud a los españoles».
Con todo, Sanidad, aspira a «volver a poner a España a la vanguardia de la lucha contra el tabaco a pesar de las presiones, que siempre se reciben».
Asturias o Cataluña (que reclama además el empaquetado genérico) apuestan por la prohibición de fumar en terrazas, mientras que otras como Baleares o La Rioja se decantan por la autorregulación mediante un sistema de incentivos fiscales atractivos y distintivos de calidad.
Canarias plantea prohibirlo, además de terrazas, en marquesinas, en espacios deportivos al aire libre y los alrededores de los accesos de los lugares donde ya está vetado y pide además datos actualizados sobre el empaquetado genérico (medida que rechaza la patronal de la industria, de fuerte peso en las islas) en los países en los que se ha implementado y la equiparación fiscal del tabaco y todos sus derivados.
Varias han sido las comunidades que han manifestado sus reticencias sobre prohibir fumar en espacios privados como el coche cuando haya menores o embarazadas presentes; es el caso de Castilla y León o Andalucía, que han solicitado una mayor claridad sobre la regulación, de forma que se garantice la compatibilidad entre el derecho a la salud y la libertad individual.
Madrid considera que corresponde al Estado introducir cambios en la ley aplicables a todo el territorio y Galicia, que defiende la autorregulación e iniciativas como las ya implantadas en su territorio como Playas sin humo o Parques sin humo, insiste en la necesidad de actualizar el plan siempre buscando el consenso y de dotarlo de fondos para su puesta en marcha; igual que Murcia, que exige que no solo contenga líneas estratégicas, sino también una financiación específica.
La mayoría están de acuerdo en la equiparación de los cigarrillos convencionales a los vapeadores y otras formas de consumo, e incluso algunas van más allá y quieren que se prohíba la venta de los de un solo uso a menores.
Aragón, sin embargo, opta por la elaboración de estudios de los efectos en la salud de las sustancias de los cigarrillos electrónicos con y sin nicotina o que se estudie la posibilidad de que puedan llegar a utilizarse como vía de deshabituación tabáquica en casos especialmente indicados y cumpliendo unos requisitos.
También apuestan por aumentar el precio de la cajetilla -una medida que estudia Sanidad con Hacienda-, pero Baleares insta a dedicar el dinero derivado del incremento a la lucha contra el tabaquismo para que no se entienda como algo meramente recaudatorio.