Sanidad apremiará a las comunidades a poner en marcha los registros de médicos objetores del aborto
08 mar 2024 . Actualizado a las 17:26 h.El Gobierno convocó este viernes —Día Internacional de la Mujer— a sus ministros y ministras a un consejo extraordinario para aprobar única y exclusivamente medidas en materia de igualdad. En la reunión se desencalló la ley de trata, pendiente de la anterior legislatura, y se pusieron sobre la mesa iniciativas varias como la asimilación de la baja por violencia machista al accidente laboral, pagado desde el primer día.
LEY DE TRATA
Nacionalidad española para las víctimas. El anteproyecto de ley integral contra la trata ha obtenido luz verde del actual Ejecutivo en su original redacción, impulsada en su día por la entonces ministra de Justicia, Pilar Llop. La norma está centrada en las víctimas, la mayoría extranjeras en situación irregular, a las que se les dará permisos provisionales de residencia y trabajo, y protección sin necesidad de denuncia. Por tanto, no serán expulsadas de España y tendrán acceso al ingreso mínimo vital, a la consideración de colectivo prioritario para optar a una vivienda pública, a asistencia letrada y a indemnizaciones con cargo a los bienes decomisados a las mafias. Se trata de una aprobación en primera lectura, por lo que el texto tiene que pasar aún por los órganos consultivos. La idea del Gobierno es contar además con la colaboración de todas las asociaciones comprometidas con la lucha frente a la trata y la explotación de seres humanos. La ley, precisó la ministra de Igualdad, Ana Redondo, busca un «abordaje integral» de todos los tipos de trata, desde la laboral y la sexual, a la que tiene como objetivo los matrimonios forzosos o el comercio de órganos, de acuerdo a diferentes convenios y compromisos internacionales.
violencia machista
La baja empieza a cobrarse desde el primer día. La Seguridad Social asimilará las situaciones de incapacidad temporal por violencia machista a las bajas laborales por accidente de trabajo, lo que supone que pasarán a cobrarse desde el primer día. Así, estos casos pasarán de tener un tratamiento de contingencia común a tenerlo de contingencia profesional a efectos económicos, lo que supone una mejora en la prestación: desde el primer día se percibirá el 75 % de la base reguladora con cargo a la Administración y no se requerirá período de carencia.
protocolo aprobado
Frente al acoso sexual en la Administración. El Consejo de Ministros aprobó además este viernes el protocolo de actuación frente al acoso sexual en la Administración General del Estado (AGE) y sus organismos públicos, que obliga a los empleados a informar de posibles casos y que se aplicará también a los trabajadores de empresas subcontratadas. El reglamento obliga además a los organismos públicos a atender y tramitar las notificaciones que reciban sobre supuestos de acoso sexual o por razón de sexo en el ámbito de su competencia, garantizando que sus actuaciones no desprotejan a la víctima. Para actuar con celeridad se ha rebajado a diez días el plazo máximo para elaborar un informe desde la comunicación o solicitud de activación del protocolo.
mejora del sistema viogén
Más protección y seguimiento policial a las víctimas. Por su parte, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska avanzó el endurecimiento de los criterios que provocan la inactivación de casos de violencia de género en el sistema VioGén. Esto se traduce en «un mayor tiempo de protección y seguimiento policial a las víctimas», concretamente durante un período de entre 6 y 12 meses, y en la imposibilidad de archivar supuestos de «alta complejidad. Además, para constatar la ausencia de riesgo, la policía deberá entrevistarse «al menos una vez» de forma presencial con las víctimas y revaluar la situación.
Un protocolo para que las mujeres elijan dónde abortar
El viernes pasado hizo un año que entró en vigor la reforma de la ley del aborto que, entre otras cosas, garantiza el derecho a interrumpir voluntariamente un embarazo en todo hospital público. Lo hace a través de la regulación de la objeción de conciencia, estableciendo que todas las comunidades autónomas tienen que contar con un registro de objetores y que, con él en la mano, las autoridades sanitarias deben administrar sus recursos humanos de forma que ningún centro se quede sin profesionales dispuestos a realizar este tipo de intervenciones. Doce meses después, solo cuatro lo han puesto en marcha: La Rioja, Valencia, Murcia y Cantabria.
Ante este escenario, la ministra de Sanidad, Mónica García, avanzó este viernes en una charla sobre los sesgos de género en la sanidad la elaboración de un protocolo para garantizar la equidad a la hora de ejercer el derecho al aborto, un documento de su departamento —dijo— que orientará a las comunidades sobre cómo elaborar el registro de los profesionales objetores y cómo planificar la atención.
Desde Sanidad se promoverá así la cooperación entre comunidades limítrofes y se garantizará que el método a aplicar para la interrupción del embarazo se decida única y exclusivamente en base a criterio sanitarios; también, que los abortos terapéuticos —los que se practican por motivos de salud— se lleven a cabo con todas las garantías, es decir, en el hospital de referencia.
«Estamos viendo que hay mucho sesgo entre el método abortivo farmacológico y el quirúrgico, en función de la variabilidad de la práctica clínica (...) Queremos que esto tenga unos criterios clínicos muy definidos», subrayó García. «También hemos visto casos terribles incluso de médicas que trabajando en un hospital las han derivado a un a un centro privado», añadió.
El protocolo se llevará al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el próximo 5 de abril. Los últimos datos disponibles indican que el 84 % de los 90.189 abortos practicados en España en el 2021 se realizaron en centros privados, pese a que el 71 % de las informaciones se solicitaron en centros públicos.