La cifra creció un millar en dos años, pero está por debajo de antes de la pandemia
03 feb 2024 . Actualizado a las 05:00 h.El bono social eléctrico alcanza en Santiago y los 24 municipios del área metropolitana a 6.153 familias. La cifra supone un incremento cercano al millar de beneficiarios registrados en enero del 2022, cuando eran 5.172 las familias que tenían reconocido en la zona su derecho al descuento en su factura eléctrica. Son números fluctuantes porque también varían los requisitos que establece el Gobierno estatal para acogerse a esta medida, que busca proteger a colectivos de consumidores económica o socialmente vulnerables. Así, por ejemplo, el bono social había ampliado tras la crisis económica derivada de la pandemia del coronavirus como beneficiarios a trabajadores afectados por un ERTE o a empresarios que por cuidados o causas similares viesen reducida su jornada laboral con pérdida sustancial de ingresos.
El número de beneficiarios en el área metropolitana de Santiago creció entre enero del 2022 y el del 2024 en la totalidad de los municipios. La situación es distinta si se compara con las cifras del 2019, el ejercicio anterior a que se desencadenase la pandemia del covid-19. Entonces eran 6.739 los hogares beneficiados por estos descuentos, cerca de 600 más que en la actualidad. El descenso es generalizado, con la excepción de cuatro ayuntamientos: Ames, que gana 17 hogares con bono social eléctrico (747 hoy); A Baña, donde subió la cifra en 21, hasta 142; Boqueixón, con un incremento de 16, que dejan el número en 90; y Negreira, con 17 de aumento y un total de 246 hogares.
En el municipio de Santiago los beneficiarios son 2.071 hogares, y tras los 747 de Ames están los 443 de Teo, 294 de Padrón, 246 de Negreira, 244 de Ordes, 242 de Arzúa y 225 de Brión. En los demás municipios, están ya por debajo de las 200 familias.
Son cifras que tienden a estabilizarse, después de la caída en picado que supuso a principios del 2018 la desaparición del bono social eléctrico a quienes tuvieran contratada una potencia máxima de 2,3 kilovatios, sin tener en cuenta su renta económica. En aquellos momentos, se acercaban a 20.000 (eran 19.862) los hogares beneficiarios del bono, cifra que se redujo en el 2018 a únicamente 4.364 hogares.
Es el volumen de beneficiados con el bono eléctrico entre los clientes de Naturgy, la principal comercializadora de electricidad en la zona. Es a las comercializadoras a quienes se solicita el bono, pero es el Ministerio de Transición Ecológica quien debe aprobarlo, para lograr descuento en un suministro que en el 2022 no pudieron pagar en fecha 4,3 millones de titulares en España.
Unos descuentos que alcanzan hasta el 80 % y que se prorrogarán hasta el 30 de junio
El principal beneficio para quienes disfrutan del bono social eléctrico es el descuento en las facturas de la luz, que también ha variado en el tiempo. Es un 25 % para consumidores vulnerables, pero excepcionalmente alcanza el 65 % hasta el próximo 30 de junio; los vulnerables severos ven también duplicado su descuento, al pasar del 40 % al 80 % hasta esa misma fecha.
Hay más ventajas para los beneficiarios. Así, cuentan con un período más prolongado para hacer frente a las facturas impagadas que los demás consumidores: tras un período de 4 meses desde la primera notificación de impago, podrá aplicarse el suministro vital durante seis meses, tras el que podrá cortarse el suministro, frente al plazo general de dos meses desde la primera notificación de impago que rige para los demás consumidores.
Entre las condiciones requeridas para acogerse a la medida está tener contratada tarifa de mercado regulado, en un bono que se aplica solo a la vivienda habitual. Es determinante el nivel de renta, con distintos tramos exigidos en relación al Iprem. Se mantienen casos al margen de ese indicador: las familias numerosas, que pueden disfrutar del bono social eléctrico sin tener en cuenta sus ingresos; los pensionistas que reciban las prestaciones mínimas; y los hogares en que el consumidor o algún miembro de la unidad de convivencia perciba el salario mínimo vital.