Una conductora sin carné huye de un control de tráfico y acaba siendo rescatada por la Guardia Civil tras caer a un arroyo

PADRÓN

GUARDIA CIVIL

Minutos después de salir del Juzgado por un presunto delito contra la seguridad vial protagonizó primero una persecución en coche por Padrón y Dodro, para  luego intentar escapar a pie

20 abr 2024 . Actualizado a las 13:12 h.

Bajo investigación judicial por un delito de conducción sin permiso fue puesta a disposición del Juzgado, por segunda vez en un corto espacio de tiempo, una conductora de 23 años que, indican fuentes de la Guardia Civil, protagonizó una peligrosa persecución por carreteras de Padrón y Dodro. Intentó huir, primero en coche y luego a pie, pero cayó en un arroyo y fue rescatada por la patrulla.

Los hechos ocurrieron el 15 de abril, solo unos minutos después de que la mujer hubiera salido del Juzgado, donde compareció porque ya había sido identificada anteriormente por ir al volante, en ese caso en carreteras de Barbanza, sin poseer permiso de circulación. Presuntamente está implicada en un delito contra la seguridad vial. 

Agentes del destacamento de Tráfico de Santiago especializados en la detección de conductores en situación de riesgo interceptaron a la automovilista. La situación se complicó cuando, al ordenarle que se detuviera, la mujer aceleró el coche e intentó escapar. Tras circular por carreteras de Padrón y Dodro sin lograr alejarse de los agentes que la perseguían, la automovilista decidió parar el vehículo e intentar despistar a los agentes escapando a pie. Sin embargo, su estrategia se vio frustrada porque cayó en un arroyo y fueron los agentes quienes la sacaron. 

Además de enfrentarse a nuevas diligencias judiciales, fue denunciada por conducción temeraria, además de enfrentarse a otras posibles sanciones. Al someterse a las pruebas de detección de drogas arrojó un resultado preliminar positivo de THC, pendiente de confirmación en análisis de laboratorio.

Desde la Guardia Civil apuntan que, en caso de reincidencia, la conductora podría enfrentarse a penas de prisión de tres a seis meses, multas de 12 a 24 meses y trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días con el agravante correspondiente.