Han tenido que pasar muchos años, décadas de desencuentros y dilaciones, pero por fin están encarrilados dos asuntos clave para Santiago y para los concellos vecinos. Son de esos temas que no levantan pasiones entre los ciudadanos salvo cuando se producen crisis de calado o cuando les tocan de cerca. Sí, se trata del acuerdo para poner por escrito la voluntad de las administraciones gallega, provincial y locales de crear el parque de bomberos comarcal; y de lo que ya ha empezado a ser realidad porque esta semana arrancaron las obras: la nueva depuradora de Silvouta. Para el parque de bomberos comarcalizado todavía falta mucha tela que cortar, pero las bases están puestas para que el servicio empiece a funcionar, bien dotado humana y técnicamente, aunque en principio tenga la misma sede que el municipal de Santiago. Este de sus instalaciones será uno de los puntos importantes a dirimir, y lo ideal será que se puedan solventar los inconvenientes de los accesos y otros que puedan surgir para aprovechar el edificio que hace más de tres lustros quedó en esqueleto en Salgueiriños como la vergüenza pública de lo que hace mucho debió pasar de proyecto a realidad. Más de dos décadas han transcurrido también hasta poner fin a otra monumental vergüenza en la ciudad patrimonio de la humanidad: el déficit de depuración de las aguas residuales, que vuelven contaminadas al Sar esparciendo la suciedad hasta su misma desembocadura cerca de Arousa. Si todo va como debiera, en el 2026 estará resuelto, y con una factura no tan onerosa para el Concello como se preveía. Ambas urgencias, el parque de bomberos y la depuradora, han caído de maduras en brazos del bipartito compostelano, pero este tiene otras patatas calientes que resolver, también heredadas del pasado y que no admiten nuevos retrasos. La del concurso del transporte público es una de las más complejas y como siga demorándose no va a haber autobús que lo resista. El primer paso está dado con el estudio de viabilidad económica, que anticipa que modernizar el servicio exigirá duplicar la subvención municipal hasta ocho millones de euros y que muchos usuarios tendrán que pagar más, por el aumento del 25 % del precio del billete ordinario o por la limitación de los viajes gratuitos.