Inspección de Trabajo realizó el pasado año en Pontevedra medio centenar de actuaciones por acoso sexual
PONTEVEDRA
Las multas a empresas de la provincia por discriminar salarialmente a sus trabajadoras, por otro lado, ascendieron a 12.752 euros
22 abr 2024 . Actualizado a las 11:22 h.Uno de los ámbitos de actuación de la Inspección de Trabajo es el vinculado con la lucha contra la discriminación por acoso sexual y por razón de sexo, una campaña que se saldó el pasado año en la provincia de Pontevedra con algo más de medio centenar de actuaciones, concretamente 51. Estas se tradujeron con posterioridad en la interposición de aproximadamente sesenta mil euros en sanciones de carácter administrativo.
Así lo puso de manifiesto el subdelegado del Gobierno en Pontevedra tras visitar las dependencias de la Inspección de Trabajo y de Seguridade Social. De este modo, acompañado por la secretaria xeral de la Subdelegación, Isabel Alonso de Linaje, Abel Losada pudo mantener un encuentro de trabajo con la directora de esta área, Ana Pouso Lijó, y los responsables de las tres jefaturas de Inspección Provincial, de la Unidade da Oficina Nacional de Loita contra o Fraude y de la Unidade de Prevención de Riscos Laborais.
Esto le permitió comprobar, entre otras cuestiones, la rapidez con la que se ha implantado entre las empresas con más de cincuenta trabajadores el Real Decreto 901/2020, por el que se regulan los planes de igualdad y su registro y que obliga a estas firmas a implantar un Plan de Igualdade. Tras precisar que es una medida que entró en vigor en el 2022, resaltaron que la prontitud con la que se adecuaron a la normativa se percibe en la propia estadística oficial de este organismo. Así, en la campaña de control llevada a cabo a lo largo del 2023, se llevaron a cabo un total de 57 inspecciones en la provincia de Pontevedra sin que se detectasen infracciones sancionables, una situación que contrasta claramente con lo observado en el 2022 cuando «as 88 actuacións traducíronse en expedientes sancionadores valorados en 28.759 euros».
En este repaso a las actuaciones de la Inspección de Trabajo relacionadas con las campañas encaminadas a lograr la igualdad efectiva entre mujeres y hombres no podía faltar la lucha contra la brecha salarial. En este ámbito desde la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra se considera que se dio «un gran paso». Fueron 168 las inspecciones realizadas en Pontevedra durante el pasado año, lo que implica un incremento de cerca del 230 % con respecto al ejercicio anterior, que implicaron la interposición de multas económicas por importe de 12.752 euros a las empresas con sede en la provincia que «foron sorprendidas discriminando ás súas traballadoras».
A la vista de estos datos y tras conocer de primera mano todos los recursos con los que cuenta este organismo, Losada no dudó en subrayar que la labor que realiza es «esencial para que se cumpran e se respecten as normas no mercado do traballo, algo que resulta fundamental para un Goberno como o actual, absolutamente comprometido coa defensa da clase traballadora a través de medidas que supoñen avances reais nos seus dereitos».
En este sentido, dejó claro que «o papel da Inspección de Traballo é clave para que a nosa provincia sexa máis xusta e próspera, porque ningún territorio avanza a partir da precariedade, senón a partir do traballo digno».
Refuerzo del personal
Es por ello que no tuvo reparo en abogar públicamente por el refuerzo de los cuadros de personal para que la Inspección de Trabajo «poida funcionar a plena operatividade». Y es en este ámbito, en el que tomó nota de las necesidades de adaptación y mejora de las oficinas que ocupa este organismo que cuenta en Pontevedra con cerca de ochenta personas entre inspectores de Trabajo y Seguridad Social, subinspectores laborales de las escalas de Empleo y Seguridad Social y de la de Prevención de Riesgos, y personal administrativo y de gestión.
A fin de cuentas, solo el pasado año tuvieron que poner en marcha más de una treintena de campañas específicas poniendo el foco en la seguridad de sectores como el de la construcción, el marítimo-pesquero o el agrario. «Pero tamén en cuestións como os riscos músculo-esqueléticos das camareiras de piso ou os riscos laborais no traballo dos e das menores», señalaron desde la Subdelegación apuntado que, por otro lado, «na área de Emprego vixiouse o fraude na contratación, a integración de persoas discapacitadas, o control do tempo de traballo co rexistro da xornada e as horas extraordinarias ou o control das condicións salariais, entre outras cuestións».
Por su parte, en lo que respecta a la Seguridad Social, las Rías Baixas fueron escenario de campañas «sobre compatibilidade da actividade laboral con cobro de prestación incompatibles, simulacións de alta para acceso indebido a prestacións, incrementos indebidos nas bases de cotización e controis sobre as bonificacións que reciben as empresas». Y en lo que respecta al ámbito de Economía Irregular y Extranjeros «púxose a lupa sobre as condicións de traballo das persoas becarias, as prácticas non laborais e os falsos autónomos, tanto en plataformas de reparto como no resto da actividade, ademais doutras actuacións específicas en colaboración coa Fiscalía [de Pontevedra] e outras autoridades».
«No pasado recente de España, apostouse por recortar os dereitos das persoas traballadoras, pero, afortunadamente, hoxe temos unha visión radicalmente distinta e os inspectores de Traballo son imprescindibles para levala a cabo», apuntó Abel Losada consciente de que «só hai progreso económico e social a partir do traballo digno».