Un perjudicado por los timos de la mujer que exhibía amistad con cargos del PP de Ourense desveló el asunto en un recurso
28 ene 2022 . Actualizado a las 16:31 h.Ni pizca de gracia le hizo a un ourensano de 51 años saber que se podía quedar sin licencia de armas. Por eso, cuando a primeros de agosto tuvo noticia de que había un expediente para revocarle su permiso tipo E, para escopetas de caza y armas con fines deportivos, no le importó admitir que había pagado dinero para obtener un puesto de trabajo en la Administración. Pagado y recuperado, según su propia confesión, pues la supuesta conseguidora había aceptado devolverle los 30.000 euros que le había dado.
No quedó ahí el asunto, pues el crédulo comprador del puesto de trabajo, generoso él, había animado a otras personas de su círculo para que aprovecharan su contacto, mejoraran condiciones laborales o engordaran su currículo no con un máster de pacotilla, que hasta ahí no llegaba, pero sí con un falso certificado de un curso de transporte de mercancías peligrosas. Por ejemplo.
Los timados a quienes el altruista había embarcado de buena fe le pidieron explicaciones, por lo que acudió a la misma mujer para reclamar. Tan insistentes debieron ser sus llamadas que ella dio un paso en falso. Acudió a la comisaría de policía para denunciar que estaba siendo amenazada e insultada por un hombre a quien conocía de haber tomado café alguna vez. De las amenazas de muerte se pasó al protocolo de protección y a la propuesta de retirada de armas, que acabó provocando el descubrimiento de la nada sofisticada estafa.
Un hombre locuaz
El supuesto amenazador se presentó en la comisaría y se identificó, como le pedían. Hombre locuaz, contó su historia, de la misma forma que ya había hecho, como afirma, cuando aún no había recuperado su dinero, con un concejal del PP de Ourense, con el alcalde de Cartelle -que es donde nació la ahora investigada- y otros políticos. A la denuncia por amenazas no le hizo mucho caso, pero cuando semanas después le llegó por escrito la advertencia de que podía perder el permiso de armas abrió la caja de los truenos. Por ahí no pasaba. Lo que hasta entonces narraba a quien quería escucharla lo puso en un escrito de alegaciones. Muy formal.
Lo primero, decía que la denuncia de amenazar era falsa. Detallaba que había dado dinero, que la copia ourensana del pequeño Nicolás, Mónica A. F., cobraba en metálico y que entregaba un recibo en el que se hacía ver que los donantes pasaban a ser «militantes y compromisarios» del PP. Iba el hombre un paso más allá. Afirmaba que de la situación ya debería saber la policía desde junio, a raíz de una entrevista suya en la comisaría de policía, el anterior subdelegado del Gobierno, Roberto Castro (con quien previamente se había reunido en privado), y otra persona, a quien no conocía, pero que le fue presentado como el comisario. En aquella reunión, político y policía le dirían que presentara una denuncia. ¿Acaso no lo estaba haciendo ante ambas autoridades aquel 18 de junio -se preguntaba- cuando les contaba todo aquello, según lo reflejaba su escrito de agosto?
Que el asunto hubiera saltado a la Fiscalía, que se investigara y que acabara siendo detenida la mujer, a la que se atribuye una docena de estafas, caía dentro de la previsible. El hombre de la escopeta y de los 30.000 euros declaró a finales de septiembre.
Mientras, la denuncia de amenazas seguía su camino. Denunciante y denunciado estaban citados el 29 de octubre. Se ventilaba si había un delito leve de amenazas. La mujer dio marcha atrás. No quiso acusar, por lo que la sentencia del Juzgado de Instrucción número 1 de Ourense fue absolutoria. Cerradas las diligencias, Mónica A. F. pasó de denunciante de unas supuestas amenazas a investigada por un proceder que la policía presentó como estafa y sobre el cual siguen trabajando, buscando más perjudicados e identificando los papeles hallados en el Mercedes de la denunciada, algunos de ellos con apariencia de documentos oficiales y certificados de pago.
¿Y la licencia de armas? Nunca estuvo privado de ella este hombre. De hecho, el expediente de valoración cayó por su propio peso. Caducado. Sin más.
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