Abren juicio oral contra la exalcaldesa popular por no demoler el edificio
23 oct 2023 . Actualizado a las 05:00 h.Tras conocerse la apertura de juicio oral contra la exalcaldesa de Melón, la popular Cristina de Francisco Vílchez, por un delito continuado de desobediencia a la autoridad judicial al no haber derribado el polideportivo de Cruceiro Gordo, el Partido Popular solicita un pleno extraordinario para debatir la situación del edificio. Solicitan que se abra una comisión de investigación sobre su legalidad.
En junio del 2014, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) dictó una sentencia en la que obligaba al Concello a derribar un edificio multiusos construido en una zona denominada Cruceiro Gordo, por no tener la obra amparo urbanístico legal. Se entendió que había sido construido de manera manifiestamente ilegal, careciendo de cualquier instrumento de planeamiento, general o especial, que le sirviera de soporte.
En abril del 2015, el juzgado de lo contencioso-administrativo 2 de Ourense requirió, ya personalmente a la entonces alcaldesa, para que en el plazo de un mes y bajo apercibimiento de multa coercitiva, «sin más dilaciones indebidas», se llevara a efecto lo ordenado en sentencia y se abstuviera de realizar actividad alguna que contraviniese el fallo de la misma, bajo apercibimiento de poder incurrir en una posible infracción de desobediencia al mandato judicial. En el 2017, fue la secretaria-interventora del Concello de Melón la que indicó a Cristina de Francisco que se debería proceder a encargar un proyecto de derribo del citado polideportivo y a comunicarlo al juzgado. Tras meses sin respuesta, en el 2019, se le impuso una multa a razón de 600 euros mensuales y acordó dar traslado de los hechos a la jurisdicción penal por un posible delito de desobediencia. Hechos por los que se abre ahora el juicio oral que se traslada al Juzgado de lo Penal de Ourense. La Fiscalía solicita que se le imponga la pena de multa de diez meses con una cuota diaria de 12 euros, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago e inhabilitación especial para empleo o cargo público de un año y seis meses, más las costas del proceso. La acusación particular pide similares medidas. El ahora alcalde socialista, Emilio Díaz, que tendrá que dar cumplimiento a la sentencia, espera conseguir ayudas para su demolición.