Ni los españoles, en general, ni los gallegos, en particular, se han vuelto locos de repente y odian a los niños. La «niñofobia» en el sector inmobiliario que saltó en las páginas de este periódico se explica porque la (mal parida) ley de vivienda no está funcionando. Ni lo hará.
Es el articulado de la propia norma el que expulsa del acceso a una vivienda a todas las personas que la propia ley clasifica de «vulnerables». Entre otras, a las familias con hijos y que tienen un salario de 1.500 euros. El motivo es que los propietarios de los inmuebles (sin entrar en los grandes tenedores o fondos de inversión) saben que ante un problema de impago están desamparados legalmente, y deciden no alquilar. Su potencial «mejor inquilino» sería el formado por una pareja de funcionarios que hayan descartado ser padres. Así están las cosas. Lo sorprendente es que sabiendo que la ley no funciona, no se haya cambiado.
Es imprescindible construir vivienda social en régimen de alquiler. Tiene que rotar y evitar que sea morada por inquiokupas.