Lo que dice y calla la Corte Internacional de Justicia sobre la guerra de Gaza
OPINIÓN
El pasado 29 de diciembre, Sudáfrica, que considera que Israel está cometiendo actos de genocidio contra los palestinos de la Franja de Gaza, solicitó a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) el dictado de medidas provisionales, entre ellas ordenar a Israel el cese inmediato de sus operaciones militares. Israel rechaza la imputación de genocidio. Alega que en situaciones de guerra urbana las bajas civiles pueden ser una consecuencia no deseada del uso legítimo de la fuerza contra objetivos militares.
La CIJ se pronunció el 26 de enero, explicando que no necesita tener certeza de si hay o no genocidio para dictar medidas provisionales. Ello se sabrá en su sentencia final. Lo que diga por ahora no es adelanto de opinión, de modo que puede decidir en cualquier sentido.
La CIJ observa que, como respuesta al ataque de Hamás del 7 de octubre, las fuerzas armadas israelíes habrían matado a 25.700 palestinos, herido a más de 63.000, desplazado a más de 1,7 millones y destruido o dañado más de 360.000 viviendas. Confirma que los palestinos carecen de agua y comida, sufren enfermedades, sus hijos no van a la escuela y sus gestantes dan a luz precariamente. Concluye que algunas de las acusaciones de Sudáfrica son creíbles.
A pesar de reconocer que Israel está adoptando medidas para mitigar el daño de la guerra (facilitar asistencia humanitaria, suministrar agua, establecer hospitales), la Corte considera que la situación en Gaza puede deteriorarse más, por lo que es verosímil la existencia de un riesgo real e inminente de que se causen perjuicios irreparables a la población palestina, requisito jurídico para dictar medidas provisionales. La CIJ ha ordenado a Israel impedir los actos de genocidio, permitir la asistencia humanitaria, prevenir la destrucción de pruebas relacionadas con las acusaciones e informar sobre ello dentro de un mes.
¿Por qué no ordenó el alto al fuego? La CIJ no lo dice. En un órgano colegiado de jueces es usual el «toma y daca» para lograr consensos. Posiblemente, algunos consideraron que Israel tiene derecho a defenderse y atacar militarmente a Hamás y otros decidieron apoyar esta postura en tanto no quedara por escrito, lográndose con ello una mayoría. De manera implícita, la resolución de la Corte debe ser leída en el sentido de que Israel puede seguir con su guerra contra Hamás, pero, al hacerlo, debe evitar incurrir en actos de genocidio contra la población palestina.
Sudáfrica no logró el alto al fuego e Israel no logró el rechazo de la demanda. Los palestinos seguirán asediados por la guerra, pero como grupo protegido por la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio.