Si hacemos inventario y balance del 2023, sin sesgos políticos y con absoluta imparcialidad, observaremos que la situación general del país es francamente desazonadora de cara al 2024, que se presenta como un ejercicio en el que la inquietante inestabilidad política de nuestras instituciones y, por ende, de nuestro Estado de derecho sugieren una amenaza para nuestras libertades y para la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos.
Este año supondrá un enorme reto para el futuro del desarrollo y consolidación del bienestar del conjunto de la ciudadanía. Problemas: la enorme deuda pública, una pesada losa que nos costará en el 2024, solo en intereses, unos 40.000 millones de euros (casi dos veces el presupuesto de vivienda, infraestructuras y movilidad estatal) y una seria amenaza e hipoteca para el futuro de nuestras generaciones; el sistema público de pensiones muy exhausto debido a sus dificultades de financiación, con un agujero (déficit) de unos 100.000 millones de euros; un sistema fiscal que apunta rasgos de colapso; crisis de un sistema sanitario saturado; un sistema educativo del que en el reciente informe PISA se describe un preocupante deterioro; un sector agrario en riesgo de desabastecimiento de nuestras despensas, como apunta M. Pimentel en su libro recientemente publicado; la preocupante noticia para Galicia sobre la conexión de la red de hidrógeno con el resto del Estado, por no hablar de las infraestructuras que comunican nuestra comunidad con la meseta, en un estado francamente deplorable, y el perenne retraso en la llegada de la alta velocidad, los fondos Next Generation de la UE, etcétera.
En un entorno como el descrito, me pregunto si finalmente la idea de país y los intereses del nuevo Gobierno coinciden con lo que los retos y los problemas planteados requieren, y si la población en su conjunto es la que se beneficiaría de aquellos —por cierto, la renta per cápita (riqueza) en España aún es un 13 % inferior a la media de la UE-27, en apenas 18 años hemos perdido casi 13 puntos de riqueza—, o, por el contrario, han sido utilizados de manera inadecuada para encaramarse al poder, dejando a un lado las decisiones prioritarias para los desafíos que la nación realmente necesita enfrentar y acometer.
La situación a la que nos pueden llevar ciertas decisiones de carácter político es francamente inquietante y sus consecuencias pueden revestir un carácter de absoluto fracaso, además de su alto coste en términos económicos y de capital social como nación. En este contexto entiendo que sería deseable un cambio de paradigma que debería empezar, por ejemplo, por evitar el enfrentamiento entre los ciudadanos en función de su lugar de residencia, que solo beneficia a una clase política empeñada en sacar rédito electoral en el corto plazo.
Se podría afirmar, y creo que así opinan amplios sectores de nuestra sociedad, que estamos inmersos y atravesamos por una de la más profundas y preocupantes crisis sociales y económicas de los últimos tiempos en España. Por ello creo que como sociedad no deberíamos seguir por la senda del autoengaño y la autocomplacencia ni un día más.