En el informe PISA 2022 participaron 690.000 estudiantes de 80 países, de los cuales 30.800 eran españoles escolarizados en 966 centros educativos. Estas cifras y las críticas que provocan los resultados entre las administraciones damnificadas demuestran la relevancia que representa PISA para los países participantes. Sin embargo, no hablamos de una competición sino de una oportunidad para perfeccionar los sistemas educativos. Comparar resultados entre países posibilita la articulación de medidas que pueden mejorar la enseñanza, en un intercambio de información basado en datos objetivos.
España participa desde el año 2000 y alcanza el mejor resultado en el 2015, obteniendo 486 puntos en matemáticas, 496 en lectura, y 493 en ciencias. Siete años y dos ediciones PISA después, su descenso se evidencia, con 13 puntos menos en matemáticas, 22 menos en lectura y 8 menos en ciencias.
Esto le sucede a la cuarta economía de Europa, con 17 países europeos por delante en cada competencia troncal. No basta con estar en la media de la UE y la OCDE. Reconozcámoslo. Tenemos un problema. Más bien dos y el segundo de lectura interna, porque constan en el mismo país dos realidades educativas entre estudiantes de 15 y 16 años. En el primer grupo, ocho comunidades, incluida Galicia, con puntuaciones superiores a las medias española y europea en las tres competencias troncales. En el segundo, las nueve comunidades restantes, por debajo de esas medias. Entre un grupo y otro se abre una brecha entre las medias en matemáticas, lectura y ciencias de 40, 36 y 35 puntos, respectivamente, casi un curso académico según PISA.
Este resultado revela, además, un escenario paradójico, ya que en el segundo grupo están cuatro comunidades que obtuvieron el año pasado las mejores calificaciones del bachillerato del país para presentarse a la prueba de acceso a la universidad, penalizando así a las comunidades con mejor educación. No tenemos, pues, un sistema educativo lo suficientemente justo. Tenemos diecisiete y algunos son más equitativos que otros.
Por otra parte, esto descubre la incoherencia entre el discurso público y la práctica docente: centros bilingües, tabletas, aulas virtuales, programas educativos innovadores, trabajo por proyectos, pensamiento crítico... Suena bien y bien está. Sin embargo, uno de cada cuatro estudiantes finaliza su bachillerato sin entender un texto mínimamente complejo, y nueve de diez son incapaces de diferenciar un hecho de una opinión. ¿Qué hacemos? Bajar ratios e invertir más en programas de refuerzo para atender al alumnado más vulnerable, incluso en horario extraescolar. Son numerosos los estudios que demuestran que cuando este alumnado pasa más tiempo en el centro suben sus tasas de graduación, mejoran su aprendizaje y otros indicadores sociales y conductuales. En otras palabras, invertir más en recursos humanos y en su preparación, para garantizar una educación presencial el mayor tiempo posible, es el mejor camino para revertir esta tendencia que desnuda a nuestra enseñanza. Porque, a veces, uno tiene la sensación de que «nuestro sistema educativo se mide más a sí mismo por la altura de sus ideales que por la de sus resultados».