Alrededor del litoral se mantiene una intensa regueifa entre la Xunta y el Gobierno del Estado. Las idas y venidas al Constitucional se producen con obstinación en estos últimos años. Sin duda la base hay que situarla en la Ley de Costas del año 1988, modificada por el Gobierno de Rajoy en el 2013. Marco legislativo que ha sido de nuevo modificado por el Gobierno de Sánchez en la ley de Cambio Climático en el 2021, incluyendo cambios en el reglamento general de Costas. Una ley, la del 2021, recurrida por el Gobierno gallego en el Constitucional en su artículo 20 sobre las concesiones y sus prórrogas y en la disposición derogatoria única. Recurso desestimado por el Constitucional presidido por González Trevijano.
Durante estos años grupos empresariales y de presión sostuvieron posiciones contrarias a las derivadas de dicha legislación, el reglamento de Costas, y las decisiones de la Dirección General de Costas, en las que fueron acompañados y alentados por la Xunta que, en las competencias del litoral, presenta unos intereses y una estrategia singular. Y que ha tenido notable alcance en la prórroga concedida a Ence en la ría de Pontevedra hasta 2073 por el Gobierno de Rajoy en 2016, validada por el Tribunal Supremo y con un giro impredecible en la Comisión Europea.
Uno no comparte ciertas políticas de la Dirección General de Costas respecto a la ocupación del espacio marítimo terrestre donde se asientan un buen número de empresas que necesitan del uso imprescindible del litoral. Tales intereses se articulan en una organización heterogénea en torno a la «cadena mar-industria», muy activa ante los conflictos normativos con el Gobierno de España y con el apoyo inequívoco de la Xunta de Galicia. Quien, ante el escaso éxito de sus movilizaciones, recursos de inconstitucionalidad y la negativa del Estado a la transferencia mientras no se modifique el Estatuto de Autonomía, aprobó la conocida como Ley de Litoral, jugando al doble o nada.
Oído el Consejo de Estado, el Gobierno de España ha recurrido la citada ley en el Constitucional por entender que «se apropia de competencias exclusivas del Estado sobre dominio público marítimo-terrestre» e «incorpora el mar al territorio de la comunidad» y «reduce la protección de las riberas del mar». Un recurso que impugna el 40 % del texto legal y solicita efectos suspensivos sobre la ley. Una decisión previsible dado el posicionamiento del Gobierno de España ante su aprobación y que paraliza la estrategia popular desde la Xunta. El doble o nada de la ley de litoral es ya causa del Constitucional. Que sospecho que no diferencia entre autonomías «leales e respetuosas», argumento del presidente Rueda para criticar el recurso a la ley gallega. Sin haber ensayado alguna negociación como la seguida en Andalucía por el PP con su ley de regadíos en Doñana. Antes muertos que sencillos.