En el año 2002 se completó la transferencia de la sanidad en España, excepto a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que siguieron siendo gestionadas por el Ministerio de Sanidad. Fue en ese año 2002, con el Gobierno de Aznar, cuando se articuló en España lo que algunos conocen como una sanidad confederal. Una sanidad confederal que afloró sus estrategias y relatos políticos durante la pandemia del covid, por más que durante años cada una de las administraciones confederadas, que no federadas, fuera haciendo conforme a sus intereses de su capa un sayo.
La estrategia de transferencia, con desmantelamiento de la estructura y competencias del Ministerio de Sanidad, respondía a las estrategias políticas y económicas de los partidos gobernantes.
Esta sanidad confederal permitió el desarrollo de distintos modelos de gestión entre lo público y lo privado, matizado ahora por la colaboración público-privada. Las características confederales de la sanidad permitieron que se ensayara o emulara en otras el singular modelo sanitario catalán, deudor de una configuración histórica de mutuas y fundaciones, modelo que algunas autonomías pretendieron incorporar o al menos esgrimir en su gestión. Vino a continuación el modelo del Hospital de Alcira, en la comunidad valenciana, para llegar al modelo Esperanza Aguirre en Madrid con la gestión privada de hospitales públicos, ensayada en otras comunidades y recientemente recogida por el Gobierno andaluz de Moreno. Modelos que persisten y que alcanzan ya a la atención primaria. Modelos de desigualdad territorial.
La crisis del 2008 y los recortes presupuestarios del Partido Popular desde el 2011 incidieron gravemente en los recursos económicos y en la limitación de las plazas de médicos, congeladas con reposiciones cero o limitadas al 10 % de las jubilaciones entre el 2011 y el 2019, sin olvidar que algunas comunidades, como Galicia, impusieron además la jubilación obligatoria a los 65 años. Con una insensatez probada, los gestores de esa sanidad confederal fueron precarizando la profesión sanitaria, lo que un ilustre profesor avanzó como la «proletarización de la profesión médica», hasta llegar a ese 35 % de contratos temporales y precarios, algo que, añadido a los numerus clausus versitarios, la disminución de plazas mir entre el 2012 y el 2017, y la demografía sanitaria, con la jubilación de un tercio de los médicos de primaria, evidenciaron el deterioro profundo de la pieza de oro de nuestro estado del bienestar. También la mayor partida presupuestaria para jugar entre lo público y lo privado. Es obvio que la asistencia sanitaria, y la atención primaria, han ido deteriorándose todos estos años. Los profesionales y los pacientes lo han denunciado, y la dimensión política del conflicto no deja de crecer; por eso, y con las mañas de la pandemia, la sanidad confederada se pone de perfil y articula un relato de inmadurez y desfachatez política. Aquel que dice yo no fui, que fue Madrid.