Dicen algunos, y es verdad, que la vicepresidenta de la Generalidad Valenciana, Mónica Oltra, debe dimitir tras haber sido imputada por prevaricación, omisión del deber de perseguir delitos y abandono de un menor, porque ese fue el compromiso que en su día asumieron ella y su partido (de nombre precisamente Compromís) para el caso de que fuera imputado alguno de sus miembros. Es cierto, claro, que muchos de los que tal dicen han reaccionado en el pasado en situaciones similares agarrándose, igual que Oltra, al sillón con la fuerza con que el náufrago lo hace a un flotador, pero ese paralelismo no convierte en menos falsaria e incoherente la negativa de Oltra a irse a su casa cuando había adquirido el compromiso público de hacerlo.
La promesa de Oltra de dimitir si llegase a imputarla la justicia quedó reforzada cuando en el 2010, siendo la hoy vicepresidenta portavoz de Compromís en las Cortes Valencianas, proclamó, dirigiéndose a Francisco Camps, entonces asediado por el escándalo de los trajes: «El día que me viera como usted, imputado y vilipendiado, ese día me iría a casa». Lo repito, por si el atónito lector no ha apreciado la frase en todo su cínico esplendor: «El día que me viera como usted, imputado y vilipendiado, ese día me iría a casa».
Pues ese día ha llegado y la señora Oltra, antaño tan firme defensora del automatismo entre imputación y dimisión, afirma ahora que nanay, que naranjas de la china. Ella, claro, está protegida como cualquier otro ciudadano por la presunción de inocencia, por lo que la diferencia entre el escándalo Oltra y muchos de los que se han producido con anterioridad no reside ahí, sino en la naturaleza de los delitos que se le imputan, que convierte su caso, dado el puesto que desempeña, en extremadamente grave.
Y ello porque la Fiscalía sostiene que hay indicios racionales de que Oltra no solo dejó desprotegida sino que trató de desprestigiar las acusaciones de una menor ¡de 14 años! tutelada por su Gobierno, que había sido objeto de abusos sexuales por la entonces pareja y hoy exmarido de la política valenciana. Algo que si sería gravísimo en cualquier caso lo es mucho más dadas las competencias del cargo que Oltra ocupaba cuando se cometieron los presuntos hechos delictivos: entre otras, dirigir las instituciones en las que los menores son tutelados por la Generalitat de la que Oltra es vicepresidenta y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas.
En este caso, digámoslo con toda claridad, no solo sorprende el empecinamiento de Oltra en agarrarse a un puesto del que, pueden estar seguros, caerá a no mucho tardar, sino el silencio cómplice de los grupos feministas que estarían en todas partes protestando y pidiendo la cabeza del responsable de la Vicepresidencia si aquel fuera un hombre o una mujer de un partido de derechas. Porque así —abajo las caretas de una vez— se escribe la cínica y obscena historia de muchas denuncias que afectan a quienes están convencidos de ser moralmente superiores a todos los demás.