Según el último estudio de la ONU, España es el primer país de Europa y tercero del mundo en consumo de prostitución. Hay más de 100.000 prostitutas (casi el triple que dentistas), y aproximadamente el 80 % de ellas son extranjeras que ejercen su actividad laboral por fuerza o coacción. Para hablar de feminismo, quizá habría que empezar por hablar de derechos humanos.
Desgraciadamente, hay campos en los que siempre ocupamos puestos de privilegio en la clasificación mundial de hipocresía. Somos capaces de llenar calles y plazas de manifestaciones para reivindicar la igualdad y el empoderamiento de la mujer, mientras participamos por acción u omisión en la humillación, vejación y maltrato de casi 100.000 personas cada noche, una gran mayoría de ellas en régimen de semiesclavitud, víctimas de mafias. Y como todos sabemos, esto no es algo que ocurra solamente en desconocidos paraderos clandestinos alejados de miradas indiscretas. Sucede también en decenas de calles, rotondas, casas, pisos de edificios residenciales y locales de carretera adornados con luces de colores para distinguirse con claridad a cientos de metros de distancia. No hay ninguna otra vejación colectiva tan descarada en el primer mundo. Sin embargo, seguimos pasando por delante y miramos hacia otro lado, incluidas las ministras que encabezan manifestaciones con el puño en alto, cuyo mayor logro para la causa ha sido convertir la tan necesaria reivindicación de la igualdad en una guerrilla de trincheras donde señalar a buenos y malos.
Nadie puede acabar con la prostitución aunque se prohíba, porque hay demasiados intereses en juego y una gran demanda que la sustenta. Es una industria que mueve casi 10 millones de euros al día (datos prepandemia), y que alegal o ilegalmente es el modo de vida de muchos y muchas. Pero tampoco interesa legalizarla, regularla y convertirla en una profesión para que cualquiera pueda ejercerla libremente dándose de alta en la Seguridad Social y emitiendo las correspondientes facturas, IVA incluido. Eso sería institucionalizar el tabú, demasiado sobresalto para un proyecto de Estado ultradimensionado y sobreprotector, que ansía imponer sus valores morales. No importa que muchas de ellas manifiesten su deseo de ejercer la prostitución legalmente para gozar de las mismas coberturas sociales que una profesora, una abogada o una fontanera. Es mucho mejor seguir obviando la realidad y haciendo propaganda en medios de comunicación, acusando a otros partidos de machismo mientras se permite que muchas mujeres, algunas de las cuales vinieron a España con la única promesa de un puesto de trabajo, acaben manteniendo relaciones sexuales con varias personas cada noche bajo la amenaza de recibir una paliza si no cumplen con sus obligaciones pseudocontractuales. En la industria de la prostitución mandan las mafias y la conjunción entre ilegalidad y alta demanda les da más poder, como tantas veces se ha demostrado a lo largo de la historia.
La igualdad total de la mujer solo se conseguirá a través de la educación en una meritocracia plena. Pero, entretanto, hay quien se empeña en capitalizar electoralmente el movimiento, mientras las de siempre siguen sufriendo en la sombra por la hipocresía de las políticas, también de las feministas.