El anuncio de la aprobación de la Ley de Violencia contra la Infancia es una noticia largamente esperada por todos los agentes implicados en la lucha contra los abusos sexuales infantiles. Nos encontramos ante un nuevo paradigma de reconocimiento, visualización y sensibilización de esta lacra social que afecta a un 20 % de niños, niñas y adolescentes. Una apropiada reparación a una situación injusta para muchas víctimas, a las que, estoy segura, facilitará entre otras muchas cosas romper el silencio y denunciar su situación.
No hay mayor valor social que la protección de nuestro futuro conjunto desde el respeto y defensa de los derechos fundamentales de la infancia. Es responsabilidad de todos ofrecerles el amparo necesario para que todos los niños y niñas lleguen a vivir una vida plena, alejada de cualquier tipo de abuso y violencia. Para muchas de las víctimas de abusos sexuales infantiles, entre las que me encuentro yo misma, esta ley llega tarde, pero el reconocimiento colectivo de nuestra condición y de nuestro largo camino hacia la deseada recuperación de nuestras vidas, y, sobre todo, el cambio sustancial que esperamos que vivan las víctimas presentes y futuras, es motivo de celebración.
Esta ley da visibilidad a una realidad largamente ignorada, ofrece mecanismos facilitadores para su denuncia y obliga a una formación especializada de todos los profesionales implicados en el recorrido legal de estas denuncias. Los niños y niñas viven la realidad de forma muy particular. El transcurso del tiempo, la figura del adulto y de la autoridad que ejerce sobre ellos, el relato de sus vivencias, la incapacidad de entender derechos propios y su auto-defensa juegan un papel relevante en la lucha contra todo tipo de abusos.
Necesitamos conciencia social y un equipo de profesionales públicos formados en la comprensión y pleno conocimiento de un colectivo especialmente vulnerable. Mi generación vivió una coyuntura histórica y social, en la que adultos y niños se relacionaban de forma jerárquica y descompensada, en la que la palabra del niño o niña carecía de valor, la falta de sensibilidad hacia las víctimas y la consecuente doble victimización era el marco de actuación imperante. El solo hecho de intentar poner remedio a una clara discriminación social hacia la infancia merece el apoyo de todos nuestros representantes.
Pero lo verdaderamente esperado por todos los supervivientes de abusos sexuales infantiles es la toma de conciencia colectiva, sin tabúes y sin prejuicios de ningún tipo. Mi único deseo es el total cumplimiento de las expectativas creadas para un colectivo que merece el amparo jurídico y social que repare la injusticia.