El porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social alcanzó el 26,5 % España el año pasado, si bien la comunidad gallega no lidera este ránking sino que se sitúa un punto por debajo de la media
31 mar 2024 . Actualizado a las 05:00 h.El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) del 2023. A pesar de que el ingreso medio por persona creció hasta los 14.082 euros (8,3 % más que en el 2022), el porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social alcanzó el 26,5 % en España. Estos datos revelan la cautela que debe estar presente a la hora de interpretar las estadísticas, especialmente, cuando entran en juego conceptos de corte social.
El índice de riesgo de pobreza y/o exclusión social (la conocida como tasa Arope —At Risk of Proverty or social Exclusion—) es un indicador europeo de referencia para medir la población en desamparo de una sociedad. Este concepto surge de la concepción multidimensional de la exclusión social y de la necesidad de establecer un valor que recoja situaciones de vulnerabilidad en las cuales la pobreza es solo uno de los aspectos relevantes.
El indicador combina elementos de renta, posibilidades de consumo y empleo, es decir, se analizan los siguientes factores: población bajo el umbral de pobreza, población con privación material severa y población con baja intensidad de trabajo por hogar. En relación con la primera, se consideran en riesgo de pobreza los hogares con una renta inferior al 60 % de la mediana de los ingresos: 8.449,20 euros.
La población con privación material severa agrupa hogares en los que no pueden permitirse al menos cuatro de los nueve conceptos siguientes: ir de vacaciones al menos una semana al año; una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días, mantener la vivienda con una temperatura adecuada; tener capacidad para afrontar un gasto imprevisto de 800 euros; han tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal (hipoteca o alquiler, recibos de gas, comunidad, etc.) o en compras a plazos en los últimos 12 meses; y, finalmente, no pueden permitirse disponer de un automóvil, de un teléfono, de un televisor o de una lavadora. La población con baja intensidad de trabajo por hogar es aquella en que sus miembros en edad de trabajar lo hicieron menos del 20 % del total de su potencial de trabajo.
El análisis por comunidades autónomas sitúa a Andalucía (37,5 %) y Canarias (33,8 %)con las tasas de pobreza y exclusión social más elevadas del país. Les siguen Extremadura, Castilla-La Mancha y Murcia (30 %). La media nacional está en un 26,5 % y Galicia (25,5 %) aparece en un nivel inferior al promedio. País Vasco (10,2 %), Comunidad de Madrid (12,9 %) y Comunidad Foral de Navarra (13,8 %) presentaron las tasas más bajas.
La situación en Galicia solo es más favorable para el indicador relacionado con las personas que están viviendo en hogares con baja intensidad en el trabajo, que ha disminuido en un 2 % (en España, un 0,2 %), es decir, diez veces más. El resto de los indicadores no arrojan buenos resultados. La tasa Arope ha aumentado en 1,8 puntos (1,2 más que en España); por tanto, la situación empeora relativamente para Galicia, aunque sigue teniendo mejores valores que el total nacional.
En conclusión, el aumento de la pobreza y de la privación material severa debe ser un aspecto a considerar cuando se interpreta el escenario macroeconómico. Ni el crecimiento de los últimos años ni la reducción de la tasa de paro han permitido contener este indicador. Los datos del INE revelan, además, que la pobreza creció de manera desigual, más acentuada entre los más jóvenes, mientras que el segmento mejor protegido son los mayores de 65 años. La pobreza, la desigualdad y, en definitiva, la situación de la población merece la atención de los políticos porque la sostenibilidad global pasa, necesariamente, por la sostenibilidad social.