El Gobierno portugués entra formalmente en funciones tras aprobar los Presupuestos
INTERNACIONAL
Luz verde a la alta velocidad Lisboa-Oporto, primer paso para enlazar con Galicia
10 dic 2023 . Actualizado a las 22:06 h.El Gobierno portugués ya está en funciones. Hasta abril, cuando previsiblemente se constituya un nuevo Ejecutivo tras las elecciones del 10 de marzo, solo podrá tomar decisiones estrictamente necesarias para el funcionamiento del país. Cualquier medida quedará sometida a los tribunales y al presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa.
Aunque la dimisión del primer ministro António Costa se produjo hace ya un mes, a raíz de unas investigaciones abiertas por la Fiscalía sobre concesiones de proyectos energéticos, Rebelo de Sousa no la formalizó hasta este jueves. Esperaba que la Asamblea de la República aprobara la Ley de Presupuestos del 2024, que ya estaba en discusión parlamentaria cuando estalló la crisis política, y que acaba de ser promulgada.
Estos Presupuestos son un punto de inflexión, si no una culminación, de la política de «contas certas» (cuentas fiables) que caracterizó los ocho años de mandato de António Costa y que se tradujo en un foco macroeconómico para reducir la deuda y el déficit públicos. Lo logró: «Pasamos la página de la austeridad, sacamos al país de una situación de déficit», dijo Costa al aprobarlos.
Según el Ministerio de Finanzas, este año Portugal tendrá un superávit del 0,8 % del PIB y la deuda bajará al 100 % del PIB (desde el 130 % en el 2015). Si bien la carga fiscal se mantuvo históricamente alta, los ingresos del Estado apenas variaron. Sí cambió la contención del gasto, en dos períodos clave que coinciden con sus dos etapas de Gobierno.
Del 2015 al 2019, formó la primera gran coalición de izquierdas (conocida como geringonça), con la que Costa rompió el tabú socialista para pactar con partidos a su izquierda. Así, junto a comunistas, verdes y Bloco de Esquerda, redujo el gasto en casi un 6 %. Con una mayoría menos sólida, el PS revalidó su victoria en el 2019, pero, al no lograr en el 2021 los apoyos necesarios para aprobar los Presupuestos, Rebelo de Sousa convocó elecciones que se saldaron con mayoría absoluta socialista. Tras un gasto disparado durante la pandemia, el nuevo Gobierno volvió a reducirlo a niveles mínimos, provocando una pérdida de poder de compra para pensionistas y funcionarios.
La popularidad de Costa, unida al trauma de la troika, le brindó el compromiso ciudadano para apretarse más el cinturón. Pero cuando más liso era el camino, la falta de escrutinio en el nombramiento de cargos públicos provocó que el Ejecutivo prestara más atención a su propia gestión interna que a la gobernación de un país maltratado por la inflación.
Mientras salían del Gobierno 14 altos cargos, cada vez era más evidente la necesidad de medidas estructurales que revirtieran la caída de la calidad de vida de los portugueses, que se sostienen gracias a un paro estructural.
Son notables las consecuencias sociales que se suelen obviar cuando se habla del «milagro económico portugués» y que se reflejan en tres grandes crisis: el penoso estado de la sanidad, las constantes huelgas de los profesores para descongelar sus salarios y un mercado de la vivienda inasumible para una población cuyo salario mínimo es inferior a los alquileres medios de Lisboa u Oporto.
Inversión extranjera
Llegó una crisis de vivienda, consecuencia de la atracción de inversión extranjera a través de ventajosos regímenes fiscales para rentas altas, que, aunque ayudaron a recuperar los centros urbanos, dispararon los precios. A nivel industrial, el Gobierno estimuló la llegada de capitales simplificando la burocracia y con un ambicioso plan de descarbonización: estimuló la energía eólica marina, el hidrógeno verde y el litio, cuyas licitaciones provocaron la investigación de la Fiscalía y derivaron en la dimisión de Costa.
Dimitió también el ministro de Infraestructuras, cuya cartera asumió temporalmente António Costa para agilizar los proyectos que debían haber marcado su legislatura: la privatización de TAP (bloqueada por Rebelo de Sousa) y la definición de un nuevo aeropuerto de Lisboa.
En el último Consejo de Ministros, celebrado ayer en Oporto, sí firmó un decreto que obliga a la operadora del aeropuerto de Lisboa a hacer reformas. Y, sobre todo, allanó el camino para el concurso de la alta velocidad entre Oporto y Lisboa, primer paso para un corredor en todo el eje atlántico, que llegaría a Galicia.