El acuerdo que puso fin a las protestas deberá lidiar con las exigencias del FMI
02 nov 2019 . Actualizado a las 09:34 h.¿Hasta cuándo? ¡He ahí la cuestión! Todo empezó hace un mes con la respuesta del sindicato de los transportistas al decreto del presidente de Ecuador, Lenin Moreno, que incluía un paquete de medidas para reducir el gasto público en 1.400 millones de dólares anuales. Entre ellas se incluía la supresión del subsidio estatal a los combustibles, que se mantiene desde hace 40 años. Ese fue el detonante del conflicto. De esos subsidios, que cuestan al erario público ecuatoriano unos 70.000 millones de dólares al año, los más beneficiados, según el Gobierno, son los contrabandistas y los ricos.
A la protesta se sumaron de inmediato los colectivos indígenas agrupados en la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), que representan el 7 % de la población del país. Argumentaron que, sin ese subsidio, los precios de los combustibles se incrementarían un 120 %, lo que atentaría contra la subsistencia de las comunidades rurales, altamente dependientes de las máquinas agrícolas y del transporte comunitario, que abastece de frutas, verduras y otros productos a las grandes ciudades del país.
De inmediato se subieron a la ola de las protestas los seguidores del expresidente Rafael Correa tratando de pescar en río revuelto, en busca de un anticipo de las elecciones presidenciales. Observadores imparciales consideran que su incidencia real en el conflicto fue sensiblemente menor de la que le imputan las fuentes gubernamentales.
Correa trató de subirse a la ola de las protestas en busca de elecciones anticipadas. Rafael Correa, de momento, tendrá que seguir disfrutando de la vida familiar en Bélgica y asesorando a su correligionario venezolano, Nicolás Maduro, porque Lenin Moreno, a la vista del cariz que tomaban los acontecimientos, con un saldo de 8 muertos, 1.340 heridos, 1.192 detenidos e ingentes daños materiales, según datos del Defensor del Pueblo, optó por recoger velas y aceptar la principal demanda de los colectivos indígenas para suspender las protestas: derogar el decretazo 883 y sentarse a negociar.
El diálogo arrancó a los diez días de que estallara el conflicto, auspiciado por la misión de la ONU en Ecuador y la Conferencia Episcopal. El acuerdo llegó pronto y provocó el cese inmediato de la movilización indígena en las calles de Quito y en todo Ecuador, así como la abolición del estado de excepción.
Quito pasó de la depresión a la euforia. La gente salió a las calles para celebrar el acuerdo, tras el diálogo de paz. Pocas horas después los otrora movilizados, se volcaron en una mega operación de limpieza comunitaria, para recuperar el rostro normal de la ciudad antes de la retirada a sus comunidades de origen.
Y ahora, ¿qué? El paquetazo que hizo estallar la crisis ecuatoriana no fue una traición más de Lenin Moreno a la Revolución Ciudadana (la versión que Correa acuñó del Socialismo del Siglo XX que inventó su admirado correligionario Hugo Chávez), como ha venido pregonando el expresidente en los últimos días, si no una exigencia del FMI, que sigue en pie para desembolsar los créditos solicitados por el actual Gobierno para afrontar una fiscalidad insostenible, fruto precisamente de la herencia recibida de la gestión de su antecesor
Rafael Correa, en los tres Gobiernos que presidió durante los nueve años de mandato, le dio un vuelco a las infraestructuras sanitarias, educativas y sanitarias del país, pero a costa de un fuerte endeudamiento -fundamentalmente con China-, avalado por los altos precios del petróleo y sin darle entrada al capital privado.
Un estado obeso sometido a cirugía sin anestesia
En el segundo y tercer mandato de Correa el gasto público pasó del 25 % del PIB en el 2007 al 44 % en el 2014, con un crecimiento insostenible de la deuda pública. El desplome de los precios del petróleo, la principal fuente de ingresos del país, junto a las remesas de los emigrantes —una buena parte de los cuales optaron por retornar a su patria—, dejó en Ecuador un Estado obeso y con serios problemas para compensar esa caída de los ingresos por exportaciones con una reforma de la fiscalidad interna. Recaudar impuestos, que es una tarea compleja en casi todo el mundo, lo es más en un país donde el 50 % de su población está vinculada, de una u otra manera, a la economía informal.
Economía dolarizada
Así, sin posibilidad de lograr otras fuentes de financiación y para evitar la paralización de un país con su economía dolarizada desde hace dos décadas, que le impide recurrir a los instrumentos de política monetaria interna, como la devaluación de la moneda, a Lenin Moreno no le quedó más remedio que acudir al temido Fondo Monetario Internacional (FMI). En marzo le solicitó 4.200 millones de dólares y a otros organismos multilaterales otros 6.000 millones más para sanear sus cuentas fiscales.
Como el FMI no es precisamente una ONG, con este panorama Lenin Moreno, si quiere seguir contando con esas fuentes de financiación y no llevar la economía del país por los derroteros de su vecino Nicolás Maduro, se verá abocado a seguir adelante con los ajustes fiscales. Pero, también sabe que si quiere que el acuerdo alcanzado con los líderes indígenas no se quede en una simple tregua y se convierta en un armisticio, solo le queda la vía de las reformas graduales y selectivas. Algunos analistas apuntan que ocurrió lo que ocurrió por haber optado por una «cirugía sin anestesia».
Los líderes indígenas agrupados en la Conaie que sentaron a negociar con el Gobierno plantean que, antes de tocar el subsidio a los combustibles, se pueden redecir gastos por otros conceptos, empezando por los sueldos vitalicios de los exmandatarios que se cifran en 4,226,25 dólares mensuales para cada uno de los nueve expresidentes y 4.057 cada uno de los siete exvicepresidentes. También piden que se incauten los bienes procedentes de la corrupción y un nuevo impuesto para los ciudadanos con más ingresos.
Un serio aviso a navegantes para evitar un nuevo huracán populista
El conflicto en Ecuador debiera ser un aviso a navegantes para evitar un huracán que se puede extender por todo el subcontinente americano y propiciar el retorno del populismo que floreció en la década de las vacas gordas, alimentado por el incremento del precio de las materias primas.
Si en Ecuador, como ocurrió hace ya 30 años en Venezuela con el caracazo de febrero de 1989, el detonante fue la subida de los combustibles, en Chile fue un módico incremento del precio del transporte publico lo que acaba de poner a Sebastián Piñera contra las cuerdas.En Argentina la política económica de Macri ha dejado de nuevo el país en manos del kirchnerismo, otro de los paradigmas de la corrupción populista en la región.
Con este panorama no estaría demás que los responsables del FMI, optasen por adoptar una enfoque más comprensivo con el programa de reformas que le demanda al Gobierno del país de América Latina que trató realmente de cumplir los compromisos fiscales que le fueron exigidos como contrapartida a los créditos aprobados. De no hacerlo está poniendo en bandeja las elecciones del 2021 a Correa o a uno de sus satélites, ya que no puede ser el candidato mientras sea un prófugo de la justicia.
La fuerza de los indígenas
En el caso concreto de Ecuador no estaría demás que los responsables de esta organización financiera internacional, paladín del neoliberalismo echasen un vistazo a la historia de este país en el que en los últimos 27 años, solo dos personas han logrado resistir el tiempo suficiente para completar sus términos presidenciales de 4 años. Si no en todos, al menos en la mayoría de los casos, el papel de las comunidades indígenas, las más numerosas y organizadas de todo el continente, han sido un factor determinante.
Poner de nuevo contra las cuerdas al actual presidente sería la mejor contribución que pueden hacer para el retorno del populismo que abocó a los países de la región a la cruda realidad que están viviendo en los últimos años.
En la vecina Venezuela estos estallidos sociales son acogidos con indisimulada satisfacción por los artífices de la robolución bolivariana. Diosdado Cabello, ya antes de que estallase el conflicto en Chile calificaba lo de Ecuador como «una brisa que no tardará en convertirse en huracán».