Jácome pone al interventor al que cesó a resolver multas de tráfico en Ourense
GALICIA
El colegio de secretarios recurre en el juzgado el cese del funcionario
03 may 2024 . Actualizado a las 05:00 h.El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, cesó recientemente al interventor municipal argumentando que obstaculizaba su gestión. El funcionario encargado de fiscalizar la actividad económica del Ayuntamiento ha sido recolocado ahora en el departamento de Gestión Tributaria y en su nuevo puesto tendrá como responsabilidad la resolución de las multas de tráfico.
Así lo ordena un reciente decreto firmado por el alcalde, que nombra a Gonzalo Alonso Álvarez «instrutor dos procedementos sancionadores en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor e seguridade vial». Él será, por lo tanto, el responsable de resolver las alegaciones que los ciudadanos presentan cuando reciben una multa por aparcar mal, por exceso de velocidad, por alcoholemias positivas o por cualquier otra infracción en las normas de circulación.
Son unas funciones muy diferentes de las que tenía encomendadas como interventor. Desde ese puesto debía informar sobre todas las grandes operaciones municipales en materia económica. Y ese fue, de hecho, el motivo de sus enfrentamientos con Jácome. El funcionario ponía reparos con frecuencia y alertó de diversas irregularidades en la gestión del Gobierno municipal. La falta de unos presupuestos actualizados o el hecho de que todas las concesiones de servicios públicos estén caducadas fueron objeto de críticas en sus informes. El alcalde respondió acusándolo de emprender contra él una guerra jurídica (que ahora se ha dado a conocer como lawfare). En diversos plenos lo culpó de ser «negligente» o de tratar de «bombardear» su gestión, por lo que terminó relevándolo.
Esa medida ha tenido consecuencias judiciales en una doble vertiente. Por un lado, por la vía social, tras la denuncia que el funcionario presentó por acoso. Los trámites para quitarlo de su puesto fueron el detonante. En el juicio celebrado el pasado día 17 de abril, el funcionario dijo que el alcalde lo utilizaba como un «saco de boxeo». Señaló que todo se debía a una estrategia de «hostigamiento continuo, sistemático y persistente» con el objetivo de silenciarlo. Y aseguró que necesitó terapia para superarlo. Reclama una indemnización de 150.000 euros por daños morales. El caso está pendiente de sentencia.
Además, el colegio de secretarios, interventores y tesoreros ha presentado un recurso por la vía contenciosa contra el cese. Precisamente, la Junta de Gobierno Local fue informada ayer de la apertura de un proceso judicial por ese motivo. El titular del Juzgado contencioso-administrativo número uno de Ourense ya ha iniciado su investigación y ha solicitado al Ayuntamiento el expediente administrativo correspondiente.
Antes de que Jácome ejecutase definitivamente el cese del interventor, el colegio de secretarios ya había mostrado su desacuerdo con los planes de alcalde ourensano y con sus alusiones tanto a ese funcionario como a otra trabajadora clave en la fiscalización de la actividad económica municipal, la tesorera. A ella, el regidor la acusó de ser «demasiado tiquismiquis» en el ejercicio de sus funciones. También la cesó. Luego la recolocó como viceinterventora y, como el interventor también ha sido reubicado, actualmente le corresponde a esa funcionaria ejercer como titular.
El último informe de Gonzalo Alonso antes de abandonar su puesto y asumir la instrucción de multas alertaba de la falta de fondos para pagar las nóminas de los trabajadores. El personal lleva dos meses sin cobrarlas completas. El BNG preguntó por ello en el último pleno y recibió la respuesta ayer. El gobierno local dice estar intentando que la situación «afecte o menos posible», una contestación que los nacionalistas califican como «simpática» teniendo en cuenta la merma de ingresos de hasta el 40 %.