La Xunta dejará de ingresar hasta 725 millones por no tramitarse los presupuestos del Estado

Xosé Vázquez Gago
X. Gago SANTIAGO

GALICIA

El conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, con Alfonso Rueda, presidente de la Xunta
El conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, con Alfonso Rueda, presidente de la Xunta PACO RODRÍGUEZ

Exige al Gobierno que permita aplicar las mejoras salariales acordadas en el sector público y que actualice las entregas de fondos a las comunidades

21 mar 2024 . Actualizado a las 20:16 h.

Galicia ha dejado de ingresar algo más de 60 millones de euros mensuales por la falta de presupuestos generales del Estado. Esa es la principal conclusión del informe presentado este jueves al consello de la Xunta por el titular en funciones de la consellería de Facenda, Miguel Corgos, quien advirtió que la «merma de recursos pode afectar aos servizos fundamentais e as políticas de gasto».

El estudio fue encargado hace una semana por el presidente en funciones, Alfonso Rueda, después de que el jefe del Gobierno central, Pedro Sánchez, anunciase su renuncia a tramitar los presupuestos tras la convocatoria de elecciones en Cataluña.

Rueda lamentó que esa decisión tendrá «moitísimas consecuencias, e ningunha beneficiosa para as comunidades», y añadió que obliga a prorrogar «o peor orzamento do Estado dos últimos anos». El presidente recordó que mientras sigan vigentes esas cuentas, Galicia seguirá recibiendo la mitad de inversión territorializada que Cataluña.

Rueda remarcó además la diferencia entre el Gobierno gallego, que apuesta por «ter os orzamentos aprobados e logo convocar eleccións» y el central, donde apuesta por la «ausencia de orzamentos».

La estimación de la Consellería de Facenda es que Galicia deje de ingresar 725 millones de euros en todo el año si la situación no se corrige. Miguel Corgos señaló que la alternativa para obtener esos fondos sería recurrir al endeudamiento, pero no consideró oportuna esa solución porque iría contra la estabilidad financiera. Por esos motivos exigió al Gobierno central que apruebe una actualización de las entregas a cuenta a las comunidades autónomas. El objetivo es corregir la discrepancia entre lo que están ingresando en la actualidad —los mismos importes que en el 2023— y lo anunciado por el Ministerio de Hacienda el pasado diciembre en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Además, Corgos señaló que la actualización debe tener en cuenta los costes de las nuevas medidas aprobadas por el Gobierno para luchar contra la crisis de precios, que están financiadas en un 60 % por las comunidades.

El titular de Facenda señaló que la situación repercutirá en los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública en un ejercicio en el que se reactivan las reglas fiscales. Por otra parte, al enviar menos fondos a las comunidades autónomas, se generará un superávit en la Administración central, que ya se beneficia del importante aumento de la recaudación tributaria previsto para este año. Ese incremento, añadió Corgos no se redistribuirá hacia las Administraciones autonómicas y locales mientras no se actualicen las entregas a cuenta, a pesar de que solo las comunidades hacen frente a un tercio de todo el gasto público.

Sueldos públicos estancados

También los trabajadores públicos se verán perjudicados por la falta de presupuestos. El titular de Facenda explicó que, al no aprobar el Gobierno las cuentas ni algún tipo de actualización, las retribuciones de esos empleados quedarán congeladas, contraviniendo los pactos que el Ejecutivo central firmó con los representantes sindicales.

Los acuerdos preveían un aumento salarial fijo del 2 % con respecto a las retribuciones vigentes en diciembre del 2023. Ese aumento debe reflejarse en la normativa básica del Estado para que pueda añadirse a la nómina de los empleados públicos. La Xunta advirtió que, en esta situación, el aumento de los salarios podría materializarse con un retraso de hasta seis meses.

Además, el informe advierte que también podría verse afectado el sector privado. La Xunta pagó en febrero a sus proveedores en un plazo de poco más de 16 días, pero la reducción de ingresos podría traducirse en un retraso de los pagos al no contar la Administración con los recursos previsto en una situación de ciclo presupuestario habitual.