El Gobierno central anuncia que erradicará la petición de hora como requisito para acceder a la Administración, como hizo la Xunta hace un año
01 feb 2024 . Actualizado a las 05:00 h.El Defensor del Pueblo advirtió en enero del año pasado que mantener la cita previa como un trámite obligatorio para ser atendido en la Administración supone «un incumplimiento objetivo y directo del artículo 103.1 de la Constitución». Esa premisa establece que la Administración debe servir con objetividad a los intereses generales y desempeñar su labor de manera eficaz, comportamiento que la exigencia de petición de turno previo reinterpreta y pone en cuestión.
Tras recibir en dos ocasiones esa advertencia de manos del defensor, Ángel Gabilondo, José Luis Escrivá, entonces responsable de la Seguridad Social e Inclusión y ahora ministro de Transformación Digital y de Función Pública, ha tomado la decisión de acabar con la cita previa obligatoria y asumir también que el lenguaje administrativo al que se somete a la ciudadanía en su relación con los organismos oficiales no es comprensible, sencillo ni asequible para todos. Este cambio se realizará a través de un anteproyecto de ley para modificar la de procedimiento administrativo común.
Como hizo la Xunta en febrero del año pasado, dando por zanjada la crisis del covid y la oportunidad de retomar desde sus dependencias la relación con la ciudadanía con normalidad, Escrivá anunció en el Congreso de los Diputados que durante la presente legislatura, «lo antes posible», se procederá a modernizar el acceso a la Administración.
«Para interaccionar con la Administración no hace falta tener una cita previa obligatoria», aseveró el ministro, obviando que sí se exige todavía en instancias como la Agencia Tributaria, o se aboca a ella casi sin alternativa efectiva en la Seguridad Social. Así lo ponen de manifiesto con reiteración, además del Defensor del Pueblo, sus homólogos autonómicos, como la valedora gallega, María Dolores Fernández Galiño, quien llegó a abrir doce actuaciones de oficio en un año, ya con la pandemia superada, al observar cómo la cita previa habría vulnerado los derechos de la ciudadanía en su relación con la Administración. «A atención presencial é unha necesidade», indicó la valedora en una de las informaciones que La Voz de Galicia ha venido publicando sobre los problemas que genera a parte de la sociedad la cita previa obligatoria, e incluso el negocio que se llega a hacer con la venta de turnos. Dichos obstáculos llevaron incluso al abogado vigués Diego Gómez a facilitar desde sus redes sociales un modelo de reclamación para que todas las personas a las que no se les atienda sin cita previa puedan denunciar el incumplimiento de la ley.
Para avanzar en una atención más moderna, el ministro avanzó que se construirá un nuevo modelo de acceso ciudadano que incluirá la reforma del portal web de la Administración pública, para organizarlo por hechos vitales y de manera coordinada con todas las instituciones públicas. También pretende potenciar el uso del teléfono 060, con especial atención a colectivos vulnerables, como mayores y personas sin acceso a medios telemáticos.
Dichos cambios contemplarán una modificación de la jerga administrativa, que dificulta la comprensión de los pasos que debe dar la ciudadanía ante la Administración. En palabras de Escrivá, se tratará de implantar «un lenguaje claro y fácil» a través de un gestor documental único que se ultima con la ayuda de la inteligencia artificial para «evaluar la complejidad» de los textos a los que tiene que enfrentarse el contribuyente en los distintos formularios.
Fin en el 2025 a la tasa de reposición en el empleo público
El Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública prevé poner fin a la tasa de reposición en la Administración en el 2025 para recuperar la plantilla perdida en la última década y atraer nuevos perfiles profesionales, incluidos trabajadores procedentes del sector privado. En su comparecencia en el Congreso de los Diputados, el ministro de Transformación Digital, José Luis Escrivá, presentó sus planes para transformar la Administración pública, lo que pasa por impulsar las nuevas tecnologías, incluida la inteligencia artificial generativa, para prestar mejores servicios, con una mayor evaluación de las políticas públicas y una plantilla reforzada. El objetivo es incrementar el personal del sector público del Estado, que es todavía un 10 % inferior al de los años de la crisis financiera, una tensión que, además, va acompañada de un notable envejecimiento, ya que el 60 % de los empleados de la Administración central estarán jubilados en 10 años.
Para afrontar esta situación, el plan pasa por recuperar trabajadores con la eliminación de la tasa de reposición —algo que no podría hacerse este año, pero sí plantearse para el 2025—. La tasa de reposición es la ratio que, en función del número de bajas previas, determina las personas que pueden acceder a un puesto en la Administración pública. Durante los años de crisis, esta tasa llegó a caer al 10 %, elevándose en estos últimos ejercicios hasta alcanzar el 110 % como norma general en el 2023. Acabar con esta tasa supone poder convocar plazas sin tener estos límites prefijados. «Es muy difícil defender esta tasa cuando hablamos de modernizar [...]. Necesitamos un nuevo modelo», dijo el ministro.
Escrivá confía en poder llegar a un acuerdo este año con los sindicatos de la función pública para poner en marcha estos nuevos planes en el 2025. También apuntó la importancia de ir a un sistema de retribuciones variables «vinculado a la meritocracia y los resultados». En definitiva, se trata de abandonar la rigidez del sistema actual.