Los defensores del pueblo de todo el país se plantan contra la cita previa: «Es un calvario»

Carlos Punzón
carlos punzón VIGO / LA VOZ

GALICIA

Punto de validación de la cita previa en el complejo administrativo de San Caetano en Santiago
Punto de validación de la cita previa en el complejo administrativo de San Caetano en Santiago PACO RODRÍGUEZ

Demandan una Administración menos hostil y que le vea la cara al ciudadano

28 mar 2023 . Actualizado a las 18:15 h.

El defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, lleva más de dos años reclamando a la Administración que recupere la atención presencial a la ciudadanía y elimine la obligatoriedad de la cita previa para realizar todo tipo de trámites burocráticos. Los nueve defensores autonómicos están reaccionando de igual manera para tratar de evitar que la imposición del sistema se consolide como un muro entre las instituciones y el administrado.

La valedora do pobo, María Dolores Fernández Galiño, fue una de las primeras que incidió en esa necesidad abriendo el año pasado doce actuaciones de oficio por vulneración de los derechos de ciudadanos por diversas Administraciones en Galicia. Y el resto de los defensores territoriales están manifestando la misma determinación en la explicación de sus memorias del 2022. Así, el síndic de greuges valenciano, Ángel Luna, acaba de indicar que la cita previa ha contribuido a que los trámites con la Administración se hayan convertido en «un calvario burocrático, un territorio hostil falto de empatía» en el que no hay complicidad con los ciudadanos y sus dificultades para entender los procedimientos a los que tienen que hacer frente. «Ninguna ley ampara el mantenimiento de la cita previa, una comodidad que se han buscado algunas Administraciones», dijo ante las Cortes Valencianas.

«Al ciudadano hay que verle la cara y este también tiene que ver a la persona que va a solucionarle sus problemas», ha dicho este mes el justicia de Aragón, Javier Hernández, quien advierte que la Administración olvida que una de sus principales razones de ser es la atención al ciudadano. «Las puertas de la Administración tienen que volver a estar abiertas», señaló el denominado lugarteniente de dicho organismo aragonés.

Lectura similar hace en Canarias su diputado del común, Rafael Yanes: «Es un abuso inaceptable de la Administración pública, que debe humanizar la atención al público», manifestó también en el Parlamento autonómico a la hora de entregar su memoria de actividades, avisando de que «exigir la cita previa limita los derechos de las personas».

El Procurador del Común castellano-leonés requiere a los organismos públicos que se doten de más personal si es necesario para «garantizar un modelo sencillo y accesible al ciudadano», al tiempo que reclama que se elimine la cita previa obligatoria, dado que «los ciudadanos tienen reconocido legalmente el derecho a elegir el medio o canal de acceso a los servicios de la Administración». Apunta Tomás Quintana que, de lo contrario, habrá casos de «desatención».

«El ciudadano requiere de una persona física con rostro que sea capaz al menos de escucharle», aporta también en su memoria sobre el mismo tema el defensor del pueblo andaluz, Jesús Maeztu, que incide en que, «curiosamente, la Administración electrónica unida a la cita previa está abriendo un abismo entre un sector de la población y la Administración. No es que la Administración electrónica permita la cita previa, sino que la cita previa impone el uso de la Administración electrónica», reflexiona.

Los arartekos vasco y navarro suman igualmente múltiples actuaciones por quejas de quienes demandan atención presencial, como también el síndic catalán, quien mantiene que la cita previa puede ser una vía preferente de atención a las personas, pero no una exigencia absoluta.

Ángel Gabilondo pone el ojo de nuevo en la atención en la Seguridad Social

El Defensor del Pueblo estatal, Ángel Gabilondo, ha personalizado en la Seguridad Social gran parte de sus iniciativas para impedir que la cita previa se consolide como una barrera. Tras indicar que puede llegar a convertirse en «vía preferente» para la atención ciudadana, señala que «no puede ser un requisito absoluto». En la memoria anual que entregó este mes en el Congreso, Gabilondo subraya que el elevado número de quejas presentadas por personas que tratan de realizar trámites ante la Seguridad Social evidencian que se siguen «encontrando importantes dificultades para obtener cita previa en la mayoría de las provincias, por no estar disponibles o por significativas demoras en su concesión». Avisa de que no basta con activar un teléfono para obtener la cita a mayores de la vía telemática ni con crear un servicio de ayuda en línea, sino que son necesarios recursos para que no sea un trámite complejo.