Archivada otra causa de De Lara sobre donaciones a partidos que implicaba a Baltar padre y a Julio Flores
GALICIA
La causa que ahora se archiva investigaba presuntas donaciones a partidos políticos realizadas en mayo del 2011
12 may 2022 . Actualizado a las 21:22 h.La magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Lugo ha dictado un auto en el que ordena el archivo de una de las piezas del caso Pokémon, que instruyó Pilar de Lara cuando estaba al frente del Juzgado de Instrucción número 1 de la capital lucense. La causa que ahora se archiva investigaba presuntas donaciones a partidos políticos realizadas en mayo del 2011.
Las diligencias se abrieron contra los responsables de la empresa Vendex y algunos de los empleados y colaboradores, así como contra varios cargos políticos de entonces: José Luis Baltar, padre del actual presidente de la Diputación de Ourense y del PP provincial; y los concejales Julio Flores (por el PP en A Coruña), Fernando Varela (por el BNG en Ourense), Mercedes Carbajales (por el PSOE en Ferrol) y Xoán Xosé Cajigal (por el BNG en A Coruña). También estaba imputado Ángel Espadas, exjefe de gabinete del que fue alcalde de Santiago Gerardo Conde Roa.
La magistrada concluye en el auto que con los datos obrantes en las actuaciones, «y pese a la investigación a lo largo de los años, que incluyó medidas limitativas de derechos fundamentales», y al análisis de la documentación incautada en los registros y a los informes policiales, «no es posible encajar penalmente las conductas analizadas de supuesta financiación ilegal en ninguna de las figuras delictivas previstas y penadas en la redacción vigente a la fecha de los hechos». La magistrada señala que, por lo tanto, no procede continuar con la instrucción y determina el sobreseimiento provisional y archivo de este procedimiento y que cese toda medida cautelar.
Sin indicios de criminalidad
En los fundamentos de derecho del auto se indica que no cabe reputar la perpetración de delito en relación con las supuestas donaciones efectuadas por el grupo Vendex en el año 2011 a partidos políticos a cambio de conseguir la gestión de servicios públicos. Añade el auto que «ningún indicio de criminalidad permite sustentar» que, para gratificar a los políticos y funcionarios, el grupo Vendex «hubiera ideado un supuesto sistema de financiación ilícita a los partidos gobernantes, o con posibilidades de gobernar, en los municipios donde tiene adjudicaciones mediante la entrega de dinero, sin recibí ni facturas, ni que los partidos políticos investigados integraran dichas sumas en una supuesta caja B».
El auto que archiva la causa recuerda que en la instrucción de De Lara «se afirma una conexión medial entre la supuesta financiación ilegal y las presuntas adjudicaciones ilícitas, y de aquella financiación ilegal con la supuesta obtención de información privilegiada para optar en mejores condiciones a las adjudicaciones de los servicios».
