La Audiencia de Madrid da la razón a los Franco en el litigio de las estatuas

Susana Luaña Louzao
susana luaña SANTIAGO / LA VOZ

GALICIA

La sentencia dice que no hay pruebas de que sean las mismas que compró Santiago

08 abr 2022 . Actualizado a las 12:49 h.

Nuevo varapalo judicial contra el Concello de Santiago y su pretensión de hacerse con las estatuas de Abraham e Isaac que están en manos de la familia Franco. Según una sentencia dictada por la Audiencia de Madrid, los equipos jurídicos del Concello no pudieron demostrar que las imágenes que hoy lucen en el pazo de Meirás sean las que en su día adquirió la Administración local. En un extracto del fallo recogido por el portal Confilegal, la sentencia dice: «La corporación municipal demandante efectivamente pudo adquirir tres estatuas, dos de ellas, al parecer, posiblemente atribuidas al maestro Mateo, lo que no logra acreditar de ninguna de las maneras es que la identidad de esas estatuas sea exactamente la misma que las estatuas poseídas por los demandados y, desde luego, no acredita que se haya producido ninguna cesión ilegítima al anterior jefe de Estado». El fallo de la sección 18 de lo Civil de la Audiencia Provincial de Madrid se dicta tras alegar el Concello de Santiago en contra de la sentencia del Juzgado 41 de Madrid, publicada el pasado mes de febrero, y que también echaba por tierra las intenciones del Concello, pero en esa ocasión, por haber prescrito los hechos denunciados.

La pretensión del Concello de Santiago de reclamar como suyas las estatuas hoy en manos de los Franco viene de muy atrás, pero los asesores del actual alcalde no consideraron oportuno reclamarlas judicialmente en la década de los 90, en la anterior etapa de Sánchez Bugallo en la corporación, por carecer de documentos que probasen esa titularidad. Más tarde se encontró en el archivo de la Universidade de Santiago un escrito y un acta notarial que ratificaba la compra de las estatuas, con una descripción de las mismas. Esa prueba llevó al exregidor Martiño Noriega y al equipo jurídico del Concello, con Xaquín Monteagudo a la cabeza, a iniciar el litigio, bajo la tesis de que esas estatuas, que habían sido retiradas del Pórtico de la Gloria a raíz de unas obras en la Catedral, habían sido adquiridas por el Concello al Conde de Ximonde en el siglo XVIII, y se había pagado por ellas 60.000 pesetas, como recogía la documentación hallada en la USC. De ahí que Raxoi interpusiese una demanda contra los herederos del dictador y contra la sociedad mercantil Pristina SL alegando que, en una visita de Franco y de su esposa al consistorio, Carmen Polo se había interesado por las estatuas y que estas habían acabado en sus manos sin que mediase alguna transacción de venta. La sentencia inicial, la del juzgado madrileño, no entraba en si las acusaciones del Concello eran o no ciertas, sino en que, de serlo, los hechos denunciados habrían prescrito.

El Concello estudia si recurre al Supremo

El equipo jurídico del Concello de Santiago estudiará hoy la sentencia de la Audiencia de Madrid y, si hay base legal para recurrirla ante el Supremo, lo hará, tal y como adelantó el alcalde, Sánchez Bugallo. Su antecesor, Martiño Noriega, decidió emprender acciones ante la Justicia basándose en un documento elaborado por el historiador Ramón Yzquierdo que se remite a un documento de Bouza Brey en el que el estudioso dice haber localizado las estatuas en el pazo de Ximonde. Pero a entender del tribunal, Yzquierdo no prueba que las imágenes sean las mismas que adquirió el Concello. Es más, según Bouza Brey, las del pazo presentaban unas fracturas que las de Meirás no tienen. Subraya, además, que no hay documento gráfico alguno de su presencia en la casa consistorial compostelana, poniendo en duda, incluso, que las imágenes hayan estado alguna vez en la escalinata principal.

Añade la sentencia que tampoco hay prueba alguna de que Franco y su esposa se hicieran con ellas de modo ilegítimo: «Lo cierto es que tal ilegitimidad no se ha probado en los autos», dice el fallo en un extracto recogido por el portal Confilegal. La familia Franco alegó que las piezas -declaradas bien de interés cultural- fueron adquiridas por su abuelo a un anticuario, pero tampoco presentaron documento alguno que lo acredite.