La citación al fiscal anticorrupción en el Congreso abre dudas sobre el «lawfare»
ESPAÑA
Bolaños critica las llamadas a la comisión y el PSOE busca ahora cómo anularlas
17 abr 2024 . Actualizado a las 19:56 h.La citación de tres fiscales para que comparezcan en la comisión del Congreso que investiga los contratos de suministro de mascarillas durante la pandemia reabrió este miércoles la polémica sobre el lawfare o guerra judicial. La reacción del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, expresando su disconformidad con la llamada a los tres fiscales generó el desconcierto en las filas del PSOE, que solo 24 horas después de haber aprobado la lista pactada con sus socios busca ahora la fórmula para anular esa llamada ante la comisión.
El propio ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, aseguró que «no tiene ningún sentido que jueces y magistrados vayan a declarar a comisiones de investigación sobre causas que están conociendo». Y tampoco tiene sentido «que los fiscales vayan a declarar a comisiones de investigación sobre temas que están instruyendo y que están conociendo en su condición de fiscales».
La ministra de Defensa, Margarita Robles, aseguró también que la citación de los fiscales «no es el procedimiento más adecuado» porque estos ya «tienen su trabajo que realizar». Estas declaraciones llegaban después de que el fiscal general del Estado pidiera expresamente al presidente de la comisión, Alejandro Soler Mur, que «se reconsidere la decisión» de llamar a comparecer al fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón. García Ortiz envió una carta al Congreso una vez que se dio a conocer que la lista de comparecientes incluía, al fiscal general anticorrupción, Alejandro Luzón, además de Ignacio de Lucas, de la Fiscalía Europea, que ha asumido el caso Koldo, y Codruta Kovesi, la fiscal jefe de la Fiscalía Europea.
Los tres fueron incluidos en la nómina de comparecientes a petición de Junts y de EH Bildu y la lista recibió el apoyo del PSOE. Los socialistas aseguran que la intención al llamar al fiscal anticorrupción era que diera una «visión completa» de la corrupción y «en ningún caso», para que aborde «casos concretos».
Pacto con Junts y EH Bildu
Ahora, tras recibir la misiva del fiscal general del Estado, la comisión, presidida por el socialista Alejandro Soler Mur, busca la fórmula jurídica para echar atrás esas tres citaciones. No está claro si será necesario votar una nueva lista que reciba la aprobación de la mayoría de los miembros de la comisión o si se podrán anular simplemente las citaciones de Luzón y de los otros dos fiscales. El PSOE no tiene garantizado que si se vota una nueva lista que no incluya a los fiscales obtenga el voto a favor de Junts y de EH Bildu, imprescindible para alcanzar la mayoría.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, tachó de «anomalía democrática» lo sucedido. «Es lamentable que llevemos a un fiscal a comparecer porque hay una serie de diputados que quieren desprestigiar el funcionamiento de la Fiscalía. O que llevemos a jueces porque queremos insultarlos y acabar con el Estado de derecho», aseguró Feijoo.
La mesa del Senado acordó ayer que el exministro José Luis Ábalos comparezca el 6 de mayo en la comisión de investigación de la Cámara Alta. El secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, lo hará el 30 de abril.
El Gobierno eleva el tono en contra del CGPJ y le exige informar ya sobre la Lecrim
El ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños, elevó este miércoles el tono contra el Consejo General del Poder Judicial, pendiente de renovación desde hace más de cinco años. Tras insistir en que es la actitud del primer partido de la oposición lo que está llevando al «deterioro y descomposición» del órgano, Bolaños recriminó también claramente a sus componentes que obstaculicen la acción del Ejecutivo.
«Pido que cumplan sus obligaciones constitucionales y que emitan ya el informe sobre la Lecrim (Ley de Enjuiciamiento Criminal), que la ley les obliga a emitir y que llevan ya tres años sin hacer pese a que emiten informes sobre folios en blanco, sobre leyes que ni conocen ni existen», dijo en alusión a la declaración contra la ley de amnistía suscrita el pasado 6 de noviembre, cuando aún el PSOE no había registrado texto alguno en el Congreso.
El Consejo tiene entre sus atribuciones informar sobre anteproyectos de ley y disposiciones generales que versen sobre determinados asuntos, entre ellos, leyes penales o normas procesales. El Ejecutivo quiere sacar adelante la reforma de la Lecrim, que hará recaer la instrucción en los fiscales, este año. Y ya son varias las ocasiones, desde finales de marzo, en las que el Gobierno ha afeado al el Poder Judicial su tardanza.
El órgano de gobierno de los jueces se ampara en la complejidad del texto y las dudas del propio Gobierno que impulsó la modificación en época del exministro Juan Carlos Campo y luego la relegó cuando Pilar Llop tomó el mando.