La formación madrileña liderada por Juan Lobato justifica su presencia «por la preocupación y alarma social que producen a la sociedad este tipo de conductas»
01 abr 2024 . Actualizado a las 16:04 h.El PSOE de Madrid ha decidido dar el paso y personarse como acusación popular en la causa que investiga a la pareja de Isabel Díaz Ayuso por dos delitos fiscales y uno de falsedad en documento mercantil. La formación liderada por Juan Lobato ha presentado un escrito en el Juzgado de Instrucción número 19 de la capital madrileña en el que justifica su acceso al sumario porque los hechos que se investigan son de «interés general» para los ciudadanos.
Los socialistas madrileños esgrimen, además, que no hay necesidad de presentar una querella o una fianza debido a que los hechos tienen su origen, «en principio, en contrataciones relacionadas con el suministro de materiales sanitarios adquiridos durante la gestión de la crisis del covid-19, y que, en cualquier caso, afectarían a los intereses generales como es un intento de defraudación a la Hacienda Pública».
Por ello, la formación solicita su personación en representación de sus afiliados y el interés general de la ciudadanía que preside la actuación de esta organización. Entiende que «este es el momento procesal oportuno para comparecer en el ejercicio de la acción popular» y justifica su presencia «por la preocupación y alarma social que producen a la sociedad este tipo de conductas».
Declaración el 20 de mayo
El movimiento del PSOE llega 50 días antes de que la juez instructora María Inmaculada Iglesias haya citado para el 20 de mayo en calidad de investigado a Alberto González Amador para declarar por la presunta comisión de dos delitos de defraudación tributaria y un delito de falsedad en documento mercantil, después de que haya incoado diligencias contra él y otras cuatro personas en relación a la denuncia formulada por el Ministerio Fiscal.
La investigación se centra en los supuestos indicios delictivos sobre hechos relativos al Impuesto de Sociedades correspondientes a los ejercicios de los años 2020 y el 2021 y de un presunto delito de falsedad en documento mercantil al haberse aportado unas facturas que no se corresponden con servicios realmente prestados y aportados con la finalidad de minorar la cuota tributaria a satisfacer.
La Fiscalía de Madrid investigó los hechos a raíz de un informe de la Agencia Tributaria, referido a la entidad Maxwell Cremona, que advertía de un presunto fraude fiscal de 351.000 euros y del hallazgo durante una investigación de Hacienda de «unos gastos ficticios basados en facturas emitidas por diversas sociedades». A raíz de este informe, la Fiscalía acordó el pasado 23 de enero abrir diligencias de investigación, lo que derivó en la presentación de la citada denuncia.