Guilarte dejará la presidencia del Poder Judicial el miércoles si no se pacta la renovación

La reunión prevista para este miércoles en Madrid para tratar de desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) será la última oportunidad para que el mediador Didier Reynders, comisario europeo de Justicia, ponga de acuerdo a PSOE y PP antes de abandonar su cargo para encabezar la candidatura a presidir el Consejo de Europa. Será, por lo tanto, un encuentro clave para salir de la permanente crisis institucional que vive el gobierno de los jueces. Un órgano constitucional que está en funciones desde hace cinco años y tres meses —un hecho inédito en democracia— y cuya parálisis impide cubrir el 30 % de las plazas vacantes que en la actualidad existen en el Supremo: 25 magistrados en total. Pero no todos los ojos estarán puestos en la trascendental reunión del miércoles santo, la cuarta cita desde que el negociador del PSOE Félix Bolaños, a la sazón ministro de Justicia, y el vicesecretario de acción institucional del PP, Esteban González Pons, aceptaron la mediación del comisario Reynders en enero pasado. En el CGPJ también seguirán de cerca este encuentro porque, de volver a fracasar, abrirá la puerta a otra crisis de poder que debilitará más si cabe el funcionamiento de la institución.

Y es que Vicente Guilarte, presidente interino del CGPJ por sustitución, comprometió su futuro en el cargo al resultado de la mediación de Reynders. El jurista, que lleva en el puesto desde julio del 2023, avanzó el 31 de enero los pasos que iba a dar en caso de que no hubiera acuerdo. «Si los buenos oficios de Reynders no tienen éxito, recuperaría mi trabajo como profesor en la Universidad de Valladolid», dijo. El 21 de febrero siguiente, fue más contundente: «Es evidente que yo estaré aquí a la espera de que se produzca ese acuerdo y si no se produce hay personas más cualificadas que yo para ocupar con este carácter accidental la presidencia».

El PP quiere reformar el sistema de elección del Consejo al mismo tiempo (que los 12 vocales de procedencia de la carrera judicial sean elegidos directamente por sus pares) y exige al PSOE un compromiso por escrito para ello. Los socialistas, en cambio, defienden que la prioridad es la renovación.

En el caso de consumarse el fracaso de la negociación y la salida de Guilarte, cabe recordar que el expresidente del CGPJ Carlos Lesmes lanzó el mismo órdago en septiembre del 2022 para forzar el desbloqueo, pero, tras constatar que los contactos entre socialistas y populares no llegaron a buen puerto, dimitió un mes después.

A Lesmes le sucedió el vocal progresista Rafael Mozo, por ser el de mayor edad, y tras su jubilación forzosa al cumplir 72 años, el pasado 19 de julio, Guilarte recogió el testigo siguiendo el mismo criterio. Para ocupar este cargo el jurista tuvo que renunciar a sus trabajos como profesor y abogado porque la presidencia exige dedicación exclusiva. Ahora, de dimitir y dejar el órgano en 15 de los 21 miembros que comenzaron el mandato, el siguiente en la lista por edad sería el vocal conservador Wenceslao Olea.

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