Las protestas en las cárceles de Cataluña dejan sin salir de sus celdas a 5.506 reclusos

Carlos Peralta
C. Peralta REDACCIÓN / LA VOZ

ESPAÑA

Ruedas quemadas en el acceso a la cárcel de Lledoners, en Barcelona, en la protesta convocada en los centros penitenciarios catalanes por la muerte de una cocinera la semana pasada a manos de un preso
Ruedas quemadas en el acceso a la cárcel de Lledoners, en Barcelona, en la protesta convocada en los centros penitenciarios catalanes por la muerte de una cocinera la semana pasada a manos de un preso Marc Trilla | EUROPAPRESS

Un sector pide la dimisión del secretario de Medidas Penales y le acusan de dar un trato de favor a condenados del «procés». Las concentraciones se suceden en siete centros de esta comunidad y otros nueve del resto de territorios

27 mar 2024 . Actualizado a las 15:22 h.

Bloqueos, barricadas y los accesos justos y necesarios en siete centros penitenciarios de Cataluña. Es la tercera jornada de protestas de los funcionarios de prisiones y son consecuencia directa del asesinato de un recluso a una cocinera en la prisión de Mas d' Enric, en Tarragona, el pasado miércoles.

Los Mossos se implicaron este lunes en las concentraciones para garantizar el acceso de personal sanitario y de cocina, la cobertura mínima a la que aspiraron 5.506 reclusos, que no pudieron salir en todo el día de sus celdas, según datos del Departamento de Justicia del Gobierno catalán. El eco de un asesinato sin precedentes se vio también en otros puntos del país como Málaga. Allí, en la cárcel de Achidona, unos 80 funcionarios armaron una barricada para impedir el acceso al centro. También en Alicante, donde empleados de los tres centros de la provincia valenciana bloquearon el acceso a la cárcel de Fontcalent. Son solo dos de los nueve casos de bloqueos en los accesos a prisiones que se vivieron ayer en cinco comunidades autónomas además de Cataluña. Según fuentes de la Delegación del Gobierno en Galicia, no se ha registrado ningún incidente en los centros penitenciarios de la comunidad.

El comité de empresa del Centro de Iniciativas de la Reinserción (CIRE) —empleador de la cocinera asesinada— y los sindicatos mayoritarios, entre otros, pactaron con la Generalitat un refuerzo de la vigilancia en los servicios de las cárceles, con especial hincapié a las cocinas, según publicó Efe. Del mismo modo, se pactó una mejora de los sistemas de emergencia. A esta reunión acudió la consejera de Justicia, Gemma Ubasart, el secretario de Medidas Penales, Amand Calderó, y representantes de la directiva de CIRE. Cataluña tiene las competencias en materia de prisiones traspasadas desde 1983, por lo que se reduce el margen de actuación del Estado.

Agentes de la autoridad

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró que tiene como prioridad que se reconozca a los funcionaros de prisiones como agentes de la autoridad. Una condición que supondría un mayor blindaje jurídico para este sector.

El Departamento de Justicia de la Generalitat anunció la suspensión de 50 juicios y de 70 diligencias como consecuencia de las protestas. También se vieron canceladas 18 comparecencias por videoconferencia —este martes está previsto que comparezca telemáticamente el futbolista Dani Alves— y numerosos encuentros entre abogados y sus respectivos clientes presos. La consejera de Justicia, en el foco de las críticas tras el asesinato en Tarragona, criticó ayer que las concentraciones se dieron sin trámites de huelga. «Ni en pandemia se produjeron esta situaciones», reflejó la política barcelonesa, que advirtió que, en caso de darse protestas sin una huelga convocada, los convocantes «se exponen al régimen sancionador». Usabart, además, defendió la labor de Calderó. Destacó que el secretario de Medidas Penales participó en la creación del modelo penitenciario catalán desde 1984, poco después de oficializarse la transferencia de estas competencias.

La dimisión de Calderó fue una petición unánime en todas las protestas. «Él podría poner fin a todo esto», afirmó ayer, precisamente, el representante de la asamblea de trabajadores la cárcel de Figueras, Jorge Fernández. Según Colpisa, un sector de los funcionarios de prisiones catalanes ven en la defensa de la Generalitat al secretario de Medios Penales una gratificación por el trato que recibieron varios condenados del procés en la prisión de Lledoners.