Catorce inmigrantes se ahogaron a unos metros de una playa de Ceuta mientras la Guardia Civil lanzaba pelotas de goma
05 feb 2024 . Actualizado a las 05:00 h.Fue ahora diez años. Y en aquel momento constituyó la mayor tragedia migratoria en la que se habían visto involucradas las fuerzas de seguridad españolas. A las 7:.0 horas del 6 de febrero del 2014 un grupo de 200 subsaharianos intentó una entrada masiva a Ceuta. Cerca de 90 de los extranjeros logaron llegar a los alrededores de la playa de El Tarajal, donde el vallado acababa por internarse unos metros en el mar. La mayoría de los inmigrantes se lanzaron al agua para sortear esa valla e intentar ganar a nado territorio nacional.
Según los atestados oficiales, los inmigrantes fueron repelidos por un contingente de 56 miembros de la Guardia Civil, que hicieron uso de forma masiva de material antidisturbios, particularmente contra los africanos que estaban en el agua y que intentaban ganar a nado la playa.
Los funcionarios llegaron a lanzar al agua un total de 145 pelotas de goma y cinco botes de ocultación (no lacrimógenos) en apenas media hora, al margen de hacer detonar multitud de atronadoras salvas. En esa situación de caos, al menos 14 subsaharianos perdieron la vida ahogados a solo unos metros de tocar tierra y, la mayoría, en aguas territoriales españolas.
Cuando todavía los cadáveres de sus compañeros flotaban en el agua, la Guardia Civil procedió a la expulsión en caliente de los 23 simpapeles que habían llegado vivos a la playa, en una interpretación legal muy singular y muy cuestionada, que una década después sigue efectuando el actual Ministerio del Interior -hoy en manos del PSOE, entonces en las del PP- de que la frontera española es movible y, en realidad, se sitúa donde está la primera línea policial. Sin respuestas y sin responsabilidades Diez años después de aquellos sucesos, la tragedia de El Tarajal sigue sin respuestas y nadie ha asumido ningún tipo de responsabilidades ni penales ni institucionales. Aunque las muertes de aquellos inmigrantes de Ceuta abrieron un profundo debate social y político, lo cierto es ni los métodos ni las investigaciones han cambiado mucho. De hecho, la mayor tragedia terrestre de la inmigración española -la muerte de al menos 37 personas y la desaparición de otras 76 en las avalanchas y cargas del 24 de junio de 2022 en el paso melillense de Barrio Chino- también va a acabar en nada. Eso sí, en este último caso ni siquiera ha llegado a incoarse un procedimiento penal.
La tragedia de El Tarajal, no obstante, sí que llegó a los tribunales. Pero lo cierto es que el caso ha vivido un larguísimo, complicadísimo y, por ahora estéril, periplo judicial durante la última década. La causa ha sido archivada tres veces por el juzgado de instrucción 6 de Ceuta (octubre del 2015, enero del 2018 y octubrel de 2019). Ha sido reabierta otras dos ocasiones más por orden de la Audiencia Provincial de Cádiz al entender que el juzgado no había realizado suficientes diligencias (entre ellas, el interrogatorio de los supervivientes) antes de dar carpetazo al caso (enero del 2017 y agosto del 2018). Y han sido desestimados los recursos contra el sobreseimiento ya sea ante la Audiencia Provincial gaditana (en julio de 2020) y ante el Supremo (mayo de 2022).
Este proceso judicial tan enrevesado sigue vivo, sin embargo, por el empeño de tres organizaciones sociales (la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, la Asociación Coordinadora de Barrios y la Asociación Pro Derechos Humanos de España) que presentaron un recurso de amparo ante el Constitucional por la falta de investigación de las muertes (violación de la tutela judicial efectiva). La impugnación fue admitida a trámite el pasado junio.
Sin «excepción» en derechos
El caso, además, llegó el pasado 31 de enero al Comité contra la Tortura de la ONU tras la queja formal contra España de uno de los supervivientes de El Tarajal. Y en lo que respecta a nuestro país, la investigación de aquella tragedia alcanzó en septiembre de 2019 a los 16 agentes de la Guardia Civil investigados en el caso. La jueza argumentó entonces que «si bien es cierto que la protección de la frontera se activa frente a intentos de entrada ilegal, no puede dar pábulo a sobreentender, ni remotamente, que las fronteras o espacios entre las mismas son zonas de excepción en relación a los derechos humanos». También remarcó que los guardias «podían haber auxiliado a los migrantes y se abstuvieron sin causa que justifique su omisión».
Sin embargo, apenas un mes después dio carpetazo definitivo, ahora sí, al asunto, en aplicación de la denominada doctrina Botín, que entiende que no se puede llevar adelante un proceso de estas características sin acusaciones particulares, a pesar de que las familias de seis víctimas del Tarajal, procedentes de Camerún, habían solicitado, sin éxito, en dos ocasiones su personación.