Miguel Tellado se distancia de Vox, que propone la ilegalizar ya a fuerzas políticas independentistas
05 ene 2024 . Actualizado a las 08:48 h.El PP defendió este jueves la presentación de su enmienda a la ley de amnistía que tramita el Congreso asegurando que no ha «inventado nada» con su propuesta de disolver partidos políticos que promuevan referendos ilegales, porque el Código Penal ya contempla la condena de disolución si se cometen determinados delitos. El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, diferenció la iniciativa del PP de las que ha presentado Vox en el Congreso explicando que los de Santiago Abascal buscan la ilegalización de esos partidos sin vincularla a la comisión de ningún delito. «No se puede perseguir a un partido por sus ideas, pero sí por los actos delictivos que cometa», explicó Tellado.
En noviembre, el PP votó en contra de una moción de Vox en el Senado que pedía ilegalizar formaciones independentistas por su desafío a la soberanía nacional. Pero la reforma que plantea el PP supone la creación de un nuevo delito de «deslealtad constitucional». Según Tellado, lo que hacen es atender una reclamación del Supremo, que alertó de que la eliminación del delito de sedición y el abaratamiento de las penas por malversación, suponían una «desprotección» del Estado de Derecho.
«No se han arrepentido»
De haberse aplicado en 2017 el nuevo delito que ahora plantea el PP, habría implicado la disolución de ERC y Junts tras el procés. «Es una propuesta que tiene sentido porque los socios de Sánchez no se han arrepentido de los hechos que protagonizaron en 2017, sino que han vuelto a demostrar su voluntad de volver a hacerlo», dijo Tellado, que añadió que «la responsabilidad penal de los partidos ya figura en el Código Penal desde el año 2012, detallando que el artículo 33.7 del código se recoge la previsión de disolver partidos.
Aseguró que en España no se persigue a nadie «por sus ideales, sino por su actos, si estos son delictivos». Lo que busca el PP a través de su iniciativa es, según Tellado, «rearmar al Estado ante una posible amenaza por parte de partidos que quieran llevar adelante procesos secesionistas o de independencia». El portavoz de los populares se mostró convencido de que las autoridades europeas respaldarán esta modificación penal que el pleno del Congreso rechazará con toda probabilidad la próxima semana con los votos de la mayoría de investidura. «Lo que estamos planteando existe en el ordenamiento jurídico en muchos países de Europa», recalcó. El delito de sedición, eliminado por del Código Penal, quedaría ya recogido en el nuevo tipo de deslealtad constitucional que plantea el PP.
«Para volver a las penas anteriores del delito de malversación, tendremos toda la legislatura», indicó Tellado para justificar por qué no se incluía en su propuesta la reforma de este delito.
El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, compartió la posición de disolver los partidos con proyectos contrarios a la Constitución y aseveró que ya existe un «acervo constitucional» en el caso de Batasuna. «Cuando hablamos de democracia consolidada podemos hablar también de Alemania, que ilegaliza a los partidos cuyo único objetivo es destruir la convivencia», explicó.
El presidente de la Xunta , Alfonso Rueda, avaló también la propuesta y dio por hecho que está «bien pensada, bien fundada y bien argumentada».
El Gobierno ve una hipocresía
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, acusó al PP de «hipocresía política» al pedir que se ilegalice a partidos que promuevan referendos de autodeterminación tras haberse sentado con ellos para lograr la investidura de Alberto Núñez Feijoo.
Se refirió en concreto a la reunión de concejales del PP catalán con ediles de Junts en el mes de agosto. Una cita que consideró como un intento de lograr «su apoyo» para investir a Feijoo.
También desde Sumar se criticó la iniciativa del PP. Su portavoz en el Congreso, Marta Lois, afirmó que la enmienda a la totalidad contra la ley de amnistía es un «atentado directo» a la Constitución y es más propia «de regímenes autoritarios».