El Defensor del Pueblo denuncia ahora el acoso de Interior a los inmigrantes recién desembarcados
ESPAÑA
La oficina que dirige Ángel Gabilondo asegura que agentes de Frontex, coordinados por España, someten a los simpapeles a duros interrogatorios sin abogados ni garantías
02 dic 2022 . Actualizado a las 20:30 h.El Defensor del Pueblo abre un nuevo frente al Ministerio del Interior y a su política en materia de extranjería. Tras la polémica por las muertes en la valla de Melilla el pasado 24 de junio o las expulsiones de menores de Ceuta el pasado año, que van a llevar al banquillo a la exdelegada del Gobierno, la oficina que dirige Ángel Gabilondo pone el foco ahora en la llegada de los inmigrantes por vía marítima. La institución ha emitido una resolución en la que denuncia que los agentes de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex), que en territorio español y por ley siguen «instrucciones» del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska, hostigan con interrogatorios a los simpapeles recién desembarcados de las pateras y cayucos para que aporten datos sobre las mafias de tráfico de personas. Es más, el Defensor asegura tener pruebas de que esas «entrevistas», realizadas en los instantes inmediatamente posteriores a pisar tierra firme, se hacen sin presencia de abogados y con otras graves deficiencias.
En situación vulnerable
El informe, al que ha tenido acceso este periódico, está fechado el pasado 11 de noviembre. La institución se queja ante la Dirección General de la Policía, órgano que coordina las «entrevistas» a los recién llegados, de que estas se efectúan «mientras las personas, que acaban de llegar por vía marítima y en condiciones de peligro y vulnerabilidad, se encuentran privadas de libertad, conocedoras de la posibilidad de ser devueltas y sin haber tenido asistencia jurídica en el momento de la entrevista, sino posteriormente».
El Defensor del Pueblo basa sus acusaciones, en especial, en dos inspecciones realizadas a los operativos de Frontex en el Centro de Atención Temporal a Extranjeros (CATE) del puerto de Almería, dependiente de la Policía Nacional, y al muelle del puerto Gran Tarajal en Fuerteventura. Interior, en sus escritos de respuesta, alega que esas entrevistas son «voluntarias» y «anónimas» y que con estos interrogatorios solo se busca recabar información para prevenir «delitos graves». Según la Policía, se trata de conocer «rutas utilizadas, modus operandi de los migrantes irregulares, delitos transfronterizos, trata de seres humanos, contrabando de drogas, fraude documental, terrorismo, etc.».
Pero esas explicaciones no convencen en absoluto al ombudsman español. «Sobre la voluntariedad de estas entrevistas, cabe señalar que, tanto su situación como las carencias existentes en la comunicación, hacen casi impracticable la obtención de un consentimiento informado y voluntario por parte de los entrevistados», apunta la resolución. La institución recuerda que el hecho de que estos interrogatorios se lleven a cabo de «manera sistemática» y sin excepción a todos los recién llegados desmonta el argumento de la libre decisión que arguye el Ministerio del Interior.
Sin saber a qué responden
Pero más allá de que el Defensor no se crea la versión sobre esa voluntariedad, la oficina denuncia las formas —horas aguardando en fila para ser interrogados tras una «compleja travesía marítima»— y, sobre todo, las irregularidades de esos interrogatorios, en los que, incluso, se pregunta a los simpapeles por la religión que profesan. «Se observaron carencias en la provisión de información a las personas entrevistadas sobre el objeto de la misma, así como el uso que se haría del testimonio facilitado», denuncia el informe.
«En ningún momento pudo observarse que se aportase detalle sobre el derecho de los entrevistados a no facilitar datos que pudiesen resultar incriminatorios», abunda el documento del Defensor, que, además, desvela que es muy probable que los inmigrantes no se enteraran realmente de a qué respondían. «A pesar de contar con una intérprete, se observaron dificultades en la comunicación, al realizarse la mayoría de las entrevistas en inglés o francés, sin que mediase una mínima evaluación de la capacidad de comprensión o competencia lingüística de los interpelados en estos idiomas».
Con esas deficiencias, el Defensor pone en duda que los datos que busca obtener Interior puedan tener valor real, tanto operativo como jurídico. Así, asegura que la «falta de unas mínimas garantías», unida a las «carencias observadas en la comunicación» y a la «falta de confidencialidad», sin duda tendrán un efecto negativo en la «calidad de la información recogida».
Sin garantías jurídicas
El Defensor del Pueblo pone el acento en que Interior no puede colocarse de perfil ante estas irregularidades por parte de Frontex, ya que estos operativos, aunque están «diseñados por el director ejecutivo de dicha agencia» tienen como «principal responsable» al «Estado miembro». «Frontex despliega equipos que, en el ejercicio de sus funciones y competencias, están sujetos a la autorización del Estado de acogida», recuerda el equipo de Ángel Gabilondo al departamento que dirige Grande-Marlaska.
«Los equipos de Frontex reciben instrucciones del Estado miembro de acogida, de conformidad con el plan operativo», reitera el informe. El Defensor reprocha a Interior que no haya «extremado» las «garantías jurídicas» en estos interrogatorios dadas «las especiales circunstancias en las que se encuentran las personas entrevistadas».
Interior revisará los rechazos de migrantes en la frontera tras el nuevo informe del Defensor del Pueblo
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró este viernes que el Defensor del Pueblo limita ahora a los rechazos en la frontera las «diferencias de criterio» sobre la actuación policial en la tragedia de Melilla del pasado 24 de junio, sin cuestionar la actuación «proporcional» de la Guardia Civil «ante un ataque violento» a la frontera española.
«En este segundo informe del Defensor del Pueblo ya no hace referencia a ningún tipo de actuación de la Guardia Civil», indicó Grande-Marlaska, en referencia al anterior informe —luego rebatido por Interior—, en el que se afeaba la falta de auxilio sanitario a los migrantes o el lanzamiento de piedras por parte de algunos agentes, así como el rechazo de 470 migrantes al margen de la legalidad.
En declaraciones a la prensa recogidas por Europa Press, Grande-Marlaska puso de relieve las diferencias entre el informe del 14 de octubre y el documento del 28 de noviembre de la oficina que dirige el exministro socialista Ángel Gabilondo.
El titular de Interior adelantó que desde el ministerio contestarán a este segundo texto sobre la tragedia de Melilla por la que todos los grupos, salvo el PSOE, han censurado la actuación del departamento ministerial. La Fiscalía, en paralelo, mantiene abierta una investigación sobre lo ocurrido el 24 de junio en la valla fronteriza entre Marruecos y Melilla.
Tras destacar su reconocimiento a la labor de Gabilondo, Grande-Marlaska subrayó que el nuevo documento del Defensor, «a diferencia del 14 de octubre», ahora solo hace referencia a las «diferencias en el criterio de interpretación de los rechazos en frontera».
El ministro se remitió así a la sentencia de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y a la sentencia del Tribunal Constitucional para añadir que se trata de una «diferencia de criterio» entre el Defensor e Interior que van a analizar.
En este sentido, apuntó que ya en el Congreso, donde compareció por segunda vez para hablar de la tragedia del 24J en la que fallecieron al menos 23 migrantes, adelantó que estaban dispuestos a «buscar el elemento de unión entre ambas interpretaciones».
«La Guardia Civil actuó con toda la legalidad y proporcionalidad en una tragedia que no se debería haber producido con 23 fallecidos», insistió Marlaska, repitiendo que «ningún hecho trágico de carácter vital aconteció en territorio nacional» y que los agentes de la Benemérita actuaron «ante un ataque violento».