La ministra de Vivienda anuncia que en mayo estarán disponibles los avales del ICO para las hipotecas de los jóvenes y que se dará «más seguridad jurídica» a los propietarios que alquilen
11 abr 2024 . Actualizado a las 18:38 h.El Gobierno ha pisado el acelerador en su política de vivienda. Uno de sus objetivos es impulsar la construcción de nuevas viviendas, que no llegan a cubrir ni la mitad de los nuevos hogares que se crean cada año. Por ello, va a modificar una norma del Ministerio de Economía del año 2003 para agilizar las licencias de obra, actualizar la tasación de los proyectos para mejorar su financiación e incluir las nuevas técnicas constructivas (la edificación industrializada) y factores de sostenibilidad. Esto, junto con la remisión al Congreso de la modificación de la ley del suelo, considera que debería permitir impulsar la inversión promotora. A ello se sumaría la puesta en el mercado de más pisos en alquiler asequible, gracias a los pequeños propietarios, a los que la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha prometido mayor «seguridad jurídica», y limitando los pisos turísticos en las zonas tensionadas.
Tras la reunión celebrada en la Moncloa por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la ministra de Vivienda y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, con representantes del sector inmobiliario, constructor, financiero y sindicatos, la ministra aseguró que el Gobierno «no dejará sin poner en marcha ningún instrumento del Estado para resolver el problema del acceso a la vivienda»,.
Precisamente, los pisos turísticos son uno de los factores que están provocando tensiones en la vivienda y «no se puede mirar para otro lado». Rodríguez hizo un llamamiento a «todas las comunidades autónomas» donde hay que destinar más de un 30% del sueldo al alquiler a que intervengan y «atiendan a sus ciudadanos». En concreto, citó a Madrid, donde la presidenta Isabel Díaz Ayuso se ha negado a declarar zonas tensionadas. Pero Rodríguez también habló de Málaga, Barcelona o Santiago de Compostela, ciudades donde existe una elevada concentración de pisos turísticos y hay una alta tensión en los precios del alquiler. Puntualizó Rodríguez que, aunque la competencia para declarar zona tensionada es de las comunidades autónomas, «a las personas que necesitan una vivienda les importa muy poco quién ejerce la competencia». Y aseguró que el Estado apurará su actuación hasta donde le permita el marco legal. Previamente, en la cadena Ser había asegurado que intervenir en los alquileres turísticos es de su «incumbencia» ya que se está «lesionando el derecho al acceso a la vivienda».
Mecanismos efectivos
En este sentido, mencionó que la ley de vivienda obliga a los poderes públicos, en el ámbito de sus competencias, a «articular mecanismos efectivos para asegurar» el derecho a una vivienda digna. Además, recordó que un reglamento aprobado por el Parlamento Europeo y una sentencia del tribunal de justicia europeo respaldan la intervención cuando existe una «emergencia imperiosa». La ministra de Vivienda apuntó que en España hay más de 300.000 apartamentos turísticos legales, «mucho más de lo que podemos construir». Recordó que ya hay comunidades que están dando pasos, como Cataluña, Andalucía o Canarias, e insistió en que «respetando la competencia autonómica», el Estado también tiene competencia para intervenir. Actuará con bisturí, explicó porque los alquileres turísticos en algunas autonomías son una oportunidad de «dinamismo turístico». «Hay que regularlo atendiendo a esa diversidad», reconoció. Seguridad jurídica Por otra parte, la ministra anunció que el Gobierno dará «más certeza y seguridad jurídica» a los pequeños propietarios de vivienda -que concentran el 95% de los pisos en alquiler- para que pongan en el mercado más viviendas con alquiler asequible y recordó que tienen bonificaciones fiscales que pueden llegar hasta el 90% de las rentas en zonas tensionadas.
En cuando a los avales del ICO para los jóvenes que pidan una hipoteca para comprar su primera vivienda, la ministra adelantó que estarán disponibles en el mes de mayo. Rodríguez aseguró que el Gobierno no está haciendo electoralismo político con el tema de la vivienda, en la semana que el Gobierno ha eliminado la concesión de nuevas ‘visados de oro' por la compra de inmuebles superiores a medio millón de euros. En España solo el 2,4% de la vivienda es pública frente a una media del 9% en Europa. Eso significa que en nuestro país faltan un millón y medio de viviendas públicas, que permitirían mantener unos precios de alquiler y de venta del resto del parque inmobiliario más asequible. En realidad, en España se han construido más de dos milones y medio de viviendas con dinero público desde los años ochenta, las VPO, pero todas ellas acabaron siendo privatizadas y permitiendo su venta para beneficio exclusivo del propietario. Con la nueva ley de vivienda, enfatizó la ministra, todo lo que se construya con fondos públicos revertirá al ámbito público.