Declaración de la renta: El manual del IRPF no es vinculante, solo informativo
ECONOMÍA
Más de 23 millones de contribuyentes harán sus cuentas con la Agencia Tributaria en las próximas semanas. Como siempre, Hacienda les cobró de más y calcula que el 63% de ellos tienen derecho a una devolución de 11.650 millones de euros. A lo largo de la campaña de la Renta ingresará 18.900 millones, por lo que el saldo neto alcanzará los 7.250. ¡Qué no está nada mal!
¿Quién es Hacienda? Mas allá de la respuesta facilona de «somos todos», se trata de una Administración a la que día sí y día también la Justicia le enmienda la plana en sus decisiones. Pierde en los tribunales la mitad de las reclamaciones que hacen los contribuyentes, y hay expertos que sostienen que esta situación está relacionada con el bonus que cobran los inspectores aunque sus actas fracasen.
El Tribunal Supremo en julio del 2023 anuló la orden de Hacienda que exigía a todos los contribuyentes la presentación del IRPF por medios electrónicos; en octubre de ese mismo año, también estableció que Hacienda no podía acceder a los dispositivos electrónicos en una inspección si vulnera los derechos fundamentales de los ciudadanos; en enero de este año, una resolución del TSXG abría una vía para reconocer el «derecho al error» de los contribuyentes; esta misma semana el Supremo advirtió que la remuneración de los consejeros y administradores es deducible en Sociedades aunque los estatutos no prevean pagarlos. En febrero había ratificado que el contribuyente tiene derecho a minorar de la base imponible de su declaración del IRPF las aportaciones realizadas a la mutualidad laboral de la banca. Y así, existe un suma y sigue de sentencias. ¿Agobia Hacienda a los ciudadanos? ¿La relación es respetuosa?
Viene a cuento el caso de Agapito García, quien encabezó la primera lista de morosos con Hacienda cuando se hizo pública en el 2015. En la serie Hechos Probados se cuenta como este hombre —nacido en una familia humilde y que con esfuerzo fue creciendo profesionalmente— luchó durante 25 años contra la Hacienda pública. Lo acusaron de simulación de contratos y de fraude fiscal. Hubo jueces que lo absolvieron, pero la Agencia Tributaria mantuvo su pulso. Agapito García, quien llegó hasta el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, acabó arruinado, ingresado en un psiquiátrico y estuvo al borde del suicidio. El documental, en el que participan catedráticos, políticos, juristas, etcétera, comienza con una cita de la Declaración de Granada, que en el 2018 realizaron 35 catedráticos: «La Administración tributaria española no contempla a los contribuyentes como ciudadanos sino como súbditos».
El abogado gallego, Javier Gómez Taboada, socio del despacho Maio Legal, advierte que «más allá de la complejidad técnica de su caso, lo relevante —y, como tal, lo que inquieta— es que unos mismos hechos probados (de ahí el título del docudrama que protagoniza) puedan tener una diferente lectura en la vía penal (que le absuelve) y en la contencioso-administrativa (que le condena). Esta circunstancia singular podría llegar a calificarse como un supuesto de «doble verdad», cuando el propio Tribunal Constitucional ha señalado repetidamente que unos mismos hechos no pueden existir —y, a la vez, dejar de hacerlo— para las instituciones públicas.
Gómez Taboada, quien considera que Hacienda sí debe hacer su tarea como recaudadora de impuestos, recuerda que esta campaña del IRPF se inicia con una controversia relativa a una de las herramientas que la AEAT pone a disposición de los contribuyentes: el «Manual práctico del IRPF». Y es que, ya desde su primera página, señala que «tiene efectos meramente informativos», lo que supone que la AEAT no se siente necesariamente vinculada por sus propias indicaciones y que, por tanto, no cabe descartar categóricamente que un contribuyente que las siga pueda ser sancionado. Esto coincide en el tiempo con que el Supremo haya admitido a trámite un recurso donde lo que se cuestiona, precisamente, es si los criterios que la AEAT vuelca en su base «Informa» exoneran —o no— de toda responsabilidad a aquellos contribuyentes que los aplican. Es obvio que aquí está en juego la buena fe y confianza legítima que la ciudadanía deposita en sus instituciones». Lío al canto.