El Gobierno vigilará la operación al considerar estratégica a la empresa
07 mar 2024 . Actualizado a las 19:49 h.El grupo Magyar Vagon ha dado un paso adelante en su intención de hacerse con el control de Talgo. Los húngaros lanzaron este jueves su operación pública de adquisición (opa) sobre Talgo, con el objetivo de hacerse con el 100 % de la compañía. Tal y como figura en los documentos enviados este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Magyar Vagon ofrece un precio de 5 euros por título, frente a los 4,4 euros en los que Talgo cerró este jueves la sesión bursátil, lo que supone una prima cercana al 14 %. Con todas estas cifras sobre la mesa, la oferta supondrá un desembolso de 619 millones de euros.
El precio de la oferta es todavía más jugoso si se tiene en cuenta la cotización de la compañía del pasado 15 de noviembre, el día previo a que se hiciera público el interés del consorcio de Hungría. Por aquel entonces, los títulos de Talgo se situaban en 3,91 euros, lo que supone que la prima ahora es superior al 27,7 %.
Ya por aquel entonces, los húngaros habían comunicado a Talgo su intención de hacerse con el 100 % de su capital, actualmente en manos principalmente de dos accionistas: Trilanic y Torreal. Entre ellos controlan en torno a un 45 % de la firma ferroviaria, mientras que el 55 % restante se encuentra cotizando en bolsa.
El consorcio que lanza la opa —participado en su mayor parte por la fabricante de trenes húngara Maguar Vagon— justifica su decisión de lanzarse a por la española alegando que su pretensión pasa por reforzar la capacidad industrial de Talgo y abrirle con ello mercados estratégicos y en crecimiento en Europa.
Tiene —destacan los compradores— un marcado carácter industrial. Y para calmar los ánimos y las preocupaciones que ya ha mostrado el Gobierno español, aseguran que seguirá en España la sede, la capacidad de fabricación y la actividad. Y van un paso más allá al prometer que también mantendrán el empleo, la marca y la relación comercial estratégica con Renfe.
Si la operación logra llegar a buen puerto, el grupo resultante de la integración de Talgo tendrá una facturación superior a los 700 millones de euros y una plantilla global de 5.500 empleados. Europa se convertirá en su mercado principal; pero los húngaros destacan que también tendrán una importante presencia en Estados Unidos, el norte de África y en Oriente Medio.
No ha sido un proceso fácil. Para poder hacer efectiva la opa, Magyar Vagon necesitaba lograr el plácet de los acreedores de la compañía española, entre los que figuran entidades como Santander o BBVA. Y es que estos tenían la capacidad de exigir la amortización anticipada de créditos por un valor que superaba los 220 millones de euros en caso de que se produjera un cambio en el control de la firma. Una vez asegurado este aspecto, ahora el conglomerado tendrá que lidiar con la oposición del Estado.
Porque el desembarco de los húngaros en la firma española ha activado todas las alarmas del Gobierno. De hecho, trabajan ya para tratar de evitar que otra compañía extranjera
—aunque procede de un país de la Unión Europea— pueda controlar una empresa que el Ejecutivo considera de un «sector estratégico, como es el ferroviario». Por ello, fuentes gubernamentales apuntan que estarán «vigilantes» ante la operación.
El Gobierno cree que se trata de una compañía que juega «un papel fundamental» en la movilidad ferroviaria. Por ello, van a «defender los proyectos industriales estratégicos y los puestos de trabajo» que puedan verse afectados con una operación que podría acabar con varios ajustes de personal.
El caso de Talgo no es el primero que obliga al Ejecutivo que preside Pedro Sánchez a mover ficha. Ejemplo de ello es Telefónica, sobre la que anunciaron a finales del 2023 que adquirirían hasta el 10 % de sus acciones —a través de la SEPI— para evitar que la firma saudí STC tomara el control. Pero también están en el radar otras compañías como Indra o Naturgy. En este último caso, la inquietud creció hace unas semanas después de que el fondo BlackRock se hiciera con GIP, uno de los principales accionistas de la energética.
Escudo anti-opas
El Ejecutivo cuenta con el escudo antiopas, aprobado en plena pandemia de coronavirus y reforzado el año pasado. Esta ley, similar a la de otras economías europeas, obliga a tener el permiso del Gobierno cuando la operación de compra por parte de un inversor foráneo suponga más de un 5 % del capital.