Alerta de que solo cubrirá parcialmente el gasto y de que engordará el déficit
13 dic 2023 . Actualizado a las 18:12 h.El club de los países más desarrollados, la OCDE, se ha sumado este miércoles a las críticas que otras instituciones —como el Banco de España o la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF)— han hecho ya sobre la insuficiencia de la reforma del sistema público de pensiones diseñada por el ya exministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá.
La reforma, que vio la luz en dos fases la pasada legislatura como uno de los compromisos pactados por el Gobierno con Bruselas a cambio de los fondos europeos pospandemia, debía garantizar la sostenibilidad del sistema cuando este avanza a su fase de mayor tensión financiera: la jubilación de la generación del baby boom, la más numerosa de la historia, que este año ha comenzado a retirarse y que incrementará su presión en las próximas dos décadas. Para absorber tal impacto, Escrivá puso el foco en mejorar la previsión de ingresos, vía recargos en las cuotas sociales, como el mecanismo de equidad intergeneracional (MEI) o ampliando el período de cotización tomado para calcular la prestación, por ejemplo. Sin embargo, la OCDE no cree que lo hecho haya sido suficiente.
Tanto es así, que en su informe anual sobre pensiones, realizado sobre las proyecciones financieras de la AIReF sobre el impacto de la reforma, le afea al Gobierno haber desaprovechado la oportunidad de hacer una transformación ambiciosa e incorporar, por ejemplo, toda la vida laboral del trabajador para el cálculo de la pensión de los nuevos jubilados, en línea con lo que hacen la mayoría de los países más desarrollados. «En lugar de introducir un cambio significativo en este ámbito, España optó por una pequeña ampliación y un largo período de transición con impactos poco claros», apunta la OCDE respecto a la ampliación del período de cotización a 29 años —excluyendo los dos peores—, que convivirá durante do décadas con el sistema actual (desde el año pasado se toman los últimos 25 años, frente a los 15 que se aplicaban antes de la reforma de 2013), permitiendo escoger al trabajador el que más le beneficie.
«La gran mayoría de los países de la OCDE tienen en cuenta los salarios de toda la carrera para el cálculo de las prestaciones de la pensión», indica el documento, que sitúa a España como el quinto país que menos años utiliza para calcular la pensión, del grupo integrado por Colombia, Costa Rica, Francia, Portugal, Eslovenia y Estados Unidos, que todavía emplean una parte y no la totalidad de la carrera laboral.
El organismo advierte, además, de que el hecho de que la reforma permita escoger hasta el 2044 el período de cálculo más beneficioso para el trabajador, «significa que el cambio solo puede aumentar beneficios y gastos».
También elevará el desembolso de la Seguridad Social (ahora del 12,3 % del PIB, superior al 8,9 % de la OCDE y al 8,5 % de la UE) la vuelta a la revalorización de las pensiones con la inflación, elevar más las más modestas y el aumento del complemento por maternidad.
Los números de la OCDE muestran que los gastos crecerá «rápidamente hasta el 2049», concretamente un 2,4 % del PIB al año, mientras que los ingresos lo harán poco menos de la mitad, un 1,3 %. La traducción práctica es que las medidas diseñadas por el equipo de Escrivá para aumentar los ingresos del sistema «solo cubrirán parcialmente los crecientes gastos». Es decir, que el desfase entre ingresos y gastos provocará un aumento del déficit del 1,1 % del PIB en el 2050, tal y como señala la AIReF.
La AIReF dice que el plan de reequlibrio presupuestario no se ajusta a la ley
A. ESTRADA
Madrid | Colpisa
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) le ha vuelto a sacar los colores al Ministerio de Hacienda y al Gobierno. Un día después de que el Consejo de Ministros aprobará un límite de gasto récord para el 2024 y un plan de reequilibrio para corregir el déficit estructural en el que se ha incurrido —una obligación establecida en la Ley de Estabilidad Presupuestaria—, la AIReF señala que ese plan no cumple con lo que exige la ley y que no incluye medidas que sustenten la reducción del déficit que prevé el Gobierno hasta el 2026.
De hecho, denuncia que el plan de reequilibrio no incorpora —y debería— previsiones tendenciales de ingresos y gastos, la descripción y calendario de las medidas a adoptar para cumplir los objetivos y las previsiones de las variables económicas y fiscales, los supuestos en los que se basan y un análisis de sensibilidad.