Rechazan la prescripción de una supuesta estafa inmobiliaria en Culleredo en la que está encausado Antonio Fontenla

D. Vázquez A CORUÑA / LA VOZ

A CORUÑA

Dolores Vázquez

Piden cuatro años de cárcel para los tres investigados

14 jun 2022 . Actualizado a las 05:00 h.

La vista por el juicio de la presunta estafa a familias de Culleredo que permutaron unos terrenos en Vilaboa y los perdieron tras avalar sus tierras los constructores con un crédito que no devolvieron se celebrará el viernes 17, después de que este lunes únicamente se aceptase en el Juzgado de lo Penal 4 la documentación presentada por la defensa de los tres denunciados para incorporar a la causa, el constructor, Manuel Gómez Landeira, el empresario Dositeo Rodríguez Gómez y el promotor y presidente de la Confederación de Empresarios de A Coruña, Antonio Fontenla. Sus defensas pidieron que se diera por prescrita la causa, que se originó por una permuta de terrenos en el 1999-2000, pero fue rechazado tanto por la jueza como por el Ministerio Fiscal.

Fontela rechazó hablar públicamente de un caso, en el que la acusación solicita cuatro años de cárcel para los tres investigados. Fiscalía todavía no ha formulado escrito de acusación por unos hechos que ya fueron juzgados por la vía civil, ganando los 21 vecinos que quedaron sin sus tierras, pero que según se explicó no cobraron los 120.000 euros por los que deberían ser indemnizados por declararse el constructor insolvente. El abogado de la acusación, el penalista Manuel Ferreiro, indicó que se les acusa de «estafa impropia, por un contrato simulado en perjuicio de terceros y que se utiliza para alzar los bienes del patrimonio y no hacer frente a las obligaciones».

«Estamos ante unos contratos de permuta de finales de los noventa. Mis clientes cometen el error de permutar sus fincas sin ningún tipo de garantías si no se cumple, dicen que mal asesorados o incluso engañados por gente vinculada al Concello de Culleredo», precisa Ferreiro a modo de resumen de la causa, que dice que pasados los años y cuando uno de sus clientes empieza a investigar qué ha pasado con la operación, «ellos creían tener la propiedad de las fincas, pero descubren que no, inician las operaciones con unas abogadas para recuperarlas y cuando se producen esas gestiones, milagrosamente, se produce este préstamo, que dará lugar, meses, después a que desaparezca del patrimonio de Landeira las propiedades de mis clientes», explica, precisando que el préstamo fue en el 2009. «Entendemos que urden un plan de préstamo de un millón de euros que no va a pagar jamás y se aprovecha para quedarse con las fincas, por lo que mis clientes se quedan sin fincas y sin dinero porque esta persona aparentemente es insolvente», dijo. En la vista están como testigo citado a declarar el anterior alcalde de Culleredo, Julio Sacristán, y el inspector jefe del grupo de blanqueo de capitales.