La poderosa prensa amarilla británica ha convertido a las «hordas del este» en uno de sus temas recurrentes los últimos cinco años. La entrada de los países de la Europa central y oriental en la UE en el 2004 se tradujo en un rápido crecimiento de la inmigración hacia el Reino Unido, especialmente desde Polonia. A finales del 2009 unos 472.000 ciudadanos de esos países trabajaban en la isla, mientras que en 1997 solo eran 13.000. La población del Reino Unido creció en un millón de personas a causa de la inmigración durante los últimos cinco años. También se estima que hay otro millón de sin papeles en el país, aunque los expertos advierten de que es «muy difícil» conocer la cifra real. Aunque el estallido de la crisis frenó la llegada de extranjeros, solo entre junio del 2008 y del 2009 llegaron al país 518.000 personas, aunque se fueron otras 317.000.
La inmigración es una de las principales preocupaciones de muchos ingleses, que temen que sobrecargue los servicios públicos, encarezca la vivienda y provoque más paro, aunque su contribución fue clave para el despegue económico iniciado en los noventa. Los dos grandes partidos han prometido mano dura, temerosos de la fuga de votos hacia la ultraderecha.
Los laboristas, que favorecieron la llegada de inmigrantes para impulsar la economía, han ofrecido reforzar las fronteras, crear tarjetas de identidad para los extranjeros y endurecer el recién impuesto sistema de puntos. Un mecanismo similar al empleado en Estados Unidos, Australia o Canadá que facilita la entrada en el país a los trabajadores según su cualificación o a que dispongan de una oferta de trabajo.
Los tories han anunciado un límite anual a la entrada de extranjeros. Una medida que muchos consideran inútil porque no podría aplicarse a los ciudadanos de la UE. También darán más poderes a la policía de fronteras, endurecerán la obtención de visas para estudiantes y crearán pruebas de inglés para quienes quieran casarse en la UE.
Los liberaldemócratas son los únicos que han ofrecido algo distinto a la mano dura, y eso le costó a su líder, Nick Clegg, ser víctima de una pinza entre Gordon Brown y David Cameron en el último debate. Clegg mantendrá el sistema de puntos, pero ha propuesto una amnistía similar a las de Italia y España para los sin papeles asentados en el país. La prensa tory ha calificado la idea de «loca» y ha vaticinado que atraerá a otro millón de indocumentados, aunque muchos expertos la apoyan porque esos trabajadores pasarán a contribuir con impuestos.
Los tabloides llegaron a decir que el 97% de los 2,5 millones de empleos creados desde 1997 habían sido para los extranjeros, pero olvidaron señalar que muchos de ellos llevan décadas en Gran Bretaña aunque naciesen fuera. En realidad, según la Oficina Nacional de Estadística, 800.000 de esos puestos fueron para ingleses nativos y otros 1,2 millones para personas con ciudadanía británica. Incluso entre los 500.000 restantes hay trabajadores que llevan años en el Reino Unido, pero no han solicitado la ciudadanía.
Ahora bien, se teme que un parón en la llegada de inmigrantes tenga consecuencias negativas. Las prestaciones sociales podrían encarecerse ya que uno de cada siete empleados en asistencia social es extranjero. Esa proporción se eleva a uno de cada dos en Londres. También está el problema del envejecimiento. Incluso aunque se mantengan los actuales flujos migratorios, en el 2020 la población mayor de 65 años será más numerosa que la menor de 16, lo que a medio plazo obligará a subir impuestos para atender las necesidades de los mayores.