La Axencia Urbanística abrió hasta mayo 65 informes de ilegalidades

Suso Varela Pérez
Suso Varela LUGO /LA VOZ.

LUGO

Lugo lidera en Galicia el ráking del importe de las sanciones impuestas, con un total de 356.002 euros

31 may 2010 . Actualizado a las 10:21 h.

La Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, órgano dependiente de la Consellería de Medio Ambiente, ya abrió en el primer cuatrimestre de este año 65 expedientes de investigación de posibles ilegalidades urbanísticas en suelos rústicos de la provincia de Lugo. Por el momento, en lo que llevamos de año, ya ha obligado a paralizar diez obras en ejecución en municipios lucenses por carecer de la autorización urbanística de la Xunta. En cuanto a expedientes de reposición de la legalidad urbanística se comenzaron 23 trámites, que ya finalizaron todos. Este hecho provoca que los concellos tengan que volver a poner en su sitio el valor urbanístico del suelo donde se levantó la edificación analizada.

La agencia de la Xunta investiga las infracciones que se cometen y abre diferentes pasos en función del tipo de ilegalidad. Lo más leve sería una advertencia o una multa coercitiva, concepto por el que la Axencia ha recaudado en la provincia de enero a abril 140.000 euros por 23 multas de este estilo. Si el expediente continúa por ser una infracción más grave, las multas aumentan además de pender sobre las obras las órdenes de demolición. Desde la Axencia da Legalidade Urbanística recuerdan que los tribunales de justicia «confirmaron o 99% das ordes de demolición e das sancións impostas». También valoran la eficacia de las medidas que adoptan sus inspectores, «conseguindo o cumprimento efectivo do 100% das ordes de suspensión de obras en execución sen autorización urbanística».

En la provincia hay 7 concellos que se adhirieron a la agencia (Becerreá, Begonte, Castroverde, Lourenzá, Ribeira de Piquín, Trabada y Valadouro), con el fin de que tener asesoramiento urbanístico, llegando a recibir el 50% del importe de las multas coercitivas y de las sanciones impuestas por la Axencia.