Los socialistas temen que se relaje la inspección por delegar en los alcaldes, y el Bloque critica «a volta ao todo vale»
08 ene 2010 . Actualizado a las 02:00 h.El Gobierno de Feijoo tendrá complicado recabar el consenso parlamentario en torno a la nueva reforma de la Lei do Solo, la última prevista antes de su sustitución anunciada para la recta final del mandato, que expira en el 2013. La revisión que agilizará la tramitación de los planeamientos urbanísticos y que flexibilizará los requisitos que restringen la edificación en núcleos rurales no seduce a los grupos de la oposición. PSdeG y Bloque coinciden en su análisis en cuestionar la pretensión de tramitar por vía de urgencia una reforma que juzgan innecesaria y precipitada, en la medida en que la Xunta ya ha confirmado que promoverá una nueva norma. Advierten además, en línea con las objeciones del Consello Económico e Social en su informe sobre el borrador de la ley, que la insistencia en incorporar nuevas actualizaciones al texto frustra el objetivo de consolidar un marco normativo estable en materia de urbanismo, que proporcione para un período de diez años unas reglas de juego claras y al margen de los vaivenes políticos en el Ejecutivo.
La número dos del PSdeG, y portavoz parlamentaria socialista en materia de urbanismo, Mar Barcón, reprocha que la pretensión de tramitar por urgencia el proyecto de ley, «un recurso que empieza a ser norma en el grupo de Gobierno», carece de lógica, ya que se trata de un texto que lleva siete años en vigor. Barcón, que abunda en la idea de que «es absurdo reformar la ley para hacer una nueva en la segunda mitad de la legislatura», advierte que con esta modificación «Feijoo está enmendando a Feijoo, porque parte fundamental de las correcciones que incluye en el proyecto le fueron solicitadas en su etapa de conselleiro y no las llevó adelante, pese a comprometerse a ello con los alcaldes», asegura. Sobre el alcance de la revisión legislativa, subraya que los socialistas comparten la necesidad de agilizar la tramitación de los planeamientos, aunque lamenta que la reducción de los plazos para realizar esa gestión ante la Xunta se quedará en un mes, al pasar de los tres actuales a dos.
El PSdeG también es partidario de conciliar la conservación del patrimonio con el desarrollo de los núcleos rurales, «pero esto no debe encubrir en ningún caso que se descuide la protección del suelo rústico», puntualiza Barcón. En esa convicción de que el urbanismo no puede convertirse en un obstáculo para la expansión de las aldeas, la portavoz socialista respalda que la reforma avance en la descentralización y ceda competencias a los alcaldes, si bien alerta de que esa delegación no puede conllevar que la Xunta relaje su labor de vigilancia e inspección.
Las directrices, prioritarias
Barcón apela a la necesidad de un pacto por el territorio y coincide con la ex conselleira Teresa Táboas en que las directrices son prioritarias. La parlamentaria nacionalista, que sostiene que la reforma procede de la ausencia de un «modelo claro» del PP respecto al territorio, defiende que «o primeiro documento que se precisa para ordenalo son as directrices». Recuerda que Feijoo las comprometió para los primeros seis meses de mandato, pero que no estarán listas antes del 2011. Táboas achaca el desbloqueo de la edificación en los núcleos rurales a una voluntad del Gobierno autónomo de «permitir de novo o todo vale». Arguye que la idea de que flexibilizar los criterios impuestos por la norma actual contribuirá a reactivar el medio rural es un «dislate», y echa en falta una política integral para potenciar el sector primario y fijar así población. En cuanto a la delegación de competencias en los concellos, la que fue responsable de Vivenda con el bipartito insiste en que lo que precisan los concellos es más personal para asuntos de urbanismo.
Táboas entiende que el interés de la Xunta en tramitar la reforma por procedimiento de urgencia niega el debate y contradice a Feijoo en su discurso en favor del consenso urbanístico.