Los procesos se alargan por los recursos de los propietarios y del Concello vigués
02 dic 2009 . Actualizado a las 02:00 h.La ciudad de Vigo tiene pendiente desde hace años el derribo de 2.000 pisos que han sido ilegalizados por los tribunales. La piqueta amenaza seiscientos pisos de la calle Rosalía de Castro, unos apartoteles frente a la playa de Samil, el centro comercial Gran Vía, unos chalés de Canido, dos grandes inmuebles en Jacinto Benavente y A Pastora, las torres Ifer, y el edificio O Piricoto, construido en la cima del parque de Castrelos.
El problema se remonta a la década de los noventa, cuando Vigo inició la redacción del Plan Xeral, el cual no fue aprobado hasta el 2008. Un matrimonio de la parroquia de Sampaio que perdió su casa ese mismo año a manos de las excavadoras se quejaba de que el Ayuntamiento solo se atrevía a hacer cumplir la ley con los vecinos más débiles. La estrategia que sigue el Concello es personarse en los tribunales para anular las demoliciones porque fue el órgano que concedió las licencias luego revocadas. De lo contrario, debería abonar millonarias indemnizaciones a los propietarios perjudicados, lo que vaciaría las arcas municipales y endeudaría a la ciudad durante años.
El Concello probó a legalizar las construcciones afectadas cuando redactó el nuevo Plan Xeral de Urbanismo. Además, los abogados municipales han presentado en los últimos años recursos en la Justicia para frenar las órdenes de demolición dictadas por el Tribunal Supremo o el Superior de Galicia. La ejecución se dilata en el tiempo porque hay miles de vecinos que también recurren estos fallos condenatorios.
Los pleitos se suceden y, el pasado agosto, el Supremo dejó sin efecto una orden de derribo del Superior que afectó a un edificio construido en los noventa.