Una sentencia anuló las licencias que les había concedido el Concello, y el derribo de tres viviendas está previsto para hoy
01 dic 2009 . Actualizado a las 15:12 h.Una veintena de familias de A Guarda van a empezar a pagar con sus propias casas un error cometido por la Administración. Son los únicos que, de momento y, a día hoy, jornada en la que está previsto comiencen a demoler sus viviendas, sufrirán las consecuencias de una batalla judicial que enfrentó a la Xunta y al Ayuntamiento de A Guarda, y en la que ellos se han sentido convidados de piedra.
Fue el Concello el que les concedió las licencias para construir sus casas -de la mano de los tres alcaldes que se sucedieron en el cargo entre los años 1999 y 2001-. Invirtieron sus ahorros en comprar los terrenos y levantar sus hogares porque les certificaron la absoluta legalidad de los proyectos presentados. Su sueño se convirtió en pesadilla en el 2007 cuando una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza (TSXG) dictaminó la nulidad de los permisos «por estar [las casas] en suelo no urbanizable de protección paisajística».
Entonces y ahora, desde el Concello, pese a que acate la sentencia, se reitera su convencimiento de la legalidad de las autorizaciones: «Cumprimos escrupulosamente coa lei, axustadas ao PXOM [Plan Xeral de Ordenación Municipal] en vigor e con todos os informes favorables». Ninguna sentencia, sin embargo, ha dirimido por ahora las presuntas responsabilidades patrimoniales. Consta ya incluso una que exonera al Ayuntamiento y que, según el gobierno local, «pon de manifesto a responsabilidade da Xunta por omisión». De hecho, el Concello ultima una demanda administrativa contra la Administración autonómica y planea otra judicial. Pero esta mañana, en torno a las nueve, y si no llega contraorden de última hora, las máquinas comenzarán a derribar las tres primeras casas sin que a los propietarios les hayan informado siquiera de si van a tener derecho a indemnización.
Casi 7,5 millones
El monto de esa compensación ascendería a 7.492.000 euros, según la estimación presentada en su día ante el Concello.
El proceso judicial continuará después. En este caso para luchar por posibles indemnizaciones. Y de nuevo entre la Xunta y el Concello, aunque para este último -con un presupuesto municipal anual que no alcanza los siete millones de euros- supondrían la quiebra técnica.
Una comisión de afectados y los portavoces de todos los grupos con representación municipal se reunieron ayer por la tarde en Santiago con el conselleiro de Medio Ambiente para abordar el asunto. Nada parece que pueda frenar ya las palas, que mientras ocurría el encuentro ya estaban en situación. El propio Agustín Hernández reiteró que «a Xunta só vai obedecer unha orde do xulgado», «só actuamos como brazo executor, hai certeza por parte do xulgado de que as licenzas non se axustaron a dereito e as vivendas non son legalizables», dijo. Sobre los daños y perjuicios, el conselleiro admitió: «Descoñezo se existen motivos para proceder a indemnizacións, e descoñezo se debe ser o Concello, pero foi o que concedeu as licenzas».
«Sen dormir»
Entre los afectados está -presente también en la reunión- Generoso Ameal, un marinero jubilado de 66 años, propietario de una de las viviendas cuya demolición está prevista para hoy. «Levamos sen dormir dende o día 20, cando notificaron que non había volta atrás no desaloxo; estamos doídos e rotos», confirmaba ayer sumido en la impotencia. «Aquí invertimos todos os aforros e aínda estamos pagando os créditos», prosigue abatido. Generoso y Carmen, su mujer, estrenaron la casa que se ganaron tras toda una vida en el mar hace tres años. Con ellos, se llevaron a sus dos hijos, esposas y nietos, con los que -aunque no es su residencia habitual- comparten su día a día. «Comen aquí con nós, coidamos os netos, e sempre estamos xuntos», explica Generoso, a quien no falta el apoyo incondicional de su familia.
No tiene palabras para explicar cómo se siente, «porque é unha flagrante inxustiza, nós non temos culpa algunha, temos todo en regra e aínda estamos pagando a casa na que pensabamos disfrutar os poucos anos que aínda nos quedaran coa familia». «Terei que ir durmir á casa dos meus fillos ou da miña sogra», añade. «Cosas como esta parece imposible que puedan pasar, ¿dónde están nuestros derechos, dónde está la Justicia?», se pregunta uno de sus familiares. En la casa de al lado, José Vicente Ferreira, otro de los afectados, repite las mismas preguntas de todos. «Alguén fixo algo mal, pero non nós, as obras se adaptan a todo o que nos pediron, ¿como é posible que vaiamos pagar nós un erro da Administración?», se lamenta.