Olga es colombiana. Tiene vivienda, familia y empleo, pero un trámite municipal pone en riesgo su permanencia en Vilagarcía
11 nov 2009 . Actualizado a las 02:00 h.Se llama Olga Lucía Contreras. Llegó a España en el 2005 con un contrato de trabajo bajo el brazo. Se instaló en Ciudad Real y comenzó a hacer vida, remitiendo a su Colombia natal el dinero preciso para mantener a sus tres hijos. El desgraciado que firmaba los contratos se la jugó. Dejó de cotizar por ella y Olga perdió su condición de inmigrante legal. A diferencia de tanta otra gente en su misma situación, ella, sin embargo, atesoraba un as en la manga: su hermana Marleni, pareja del empresario arousano Manuel Salanova, le ofreció un domicilio y un nuevo empleo en Vilagarcía. Cualquiera diría que el problema estaba arreglado. Pero no es así. Posee, es verdad, la documentación y las condiciones objetivas necesarias para residir en Galicia con todas las de la ley. Salvo un pequeño detalle: el informe de arraigo municipal que debe emitir el Concello de referencia, en este caso el de la capital arousana, que le ha sido denegado. La razón: Olga «no participa en redes sociales».
A falta de una mayor definición sobre ese entramado social cuya inmersión exige el funcionario que firma el informe, Olga y Manuel se preguntaban ayer «se é que imos ter que anotarnos ao Facebook para poder residir legalmente neste país». El área municipal de Servizos Sociais afirma que el problema no apunta tanto a las numinosas «redes» cuanto al hecho de que se requiere un empadronamiento mínimo de seis meses para expedir el documento en cuestión. La mujer está empadronada en Vilagarcía desde junio. Le faltaría, por lo tanto, apenas un mes para poder obtener el certificado. Sin embargo, Olga y su familia aseguran que cuando iniciaron la tramitación ese criterio temporal no existía.
En realidad, hasta hace bien poco este tipo de decisiones quedaban, en Vilagarcía, en manos de un par de funcionarios cuya interpretación de la normativa resultaba, como mínimo, peliaguda. Los técnicos exigían en el municipio el mismo período de residencia que la Ley de Extranjería establece para el conjunto del Estado: tres años. Para colmo de males, cualquier expediente negativo era remitido directamente a la Comisaría de la Policía Nacional, poniendo a su víctima o protagonista en inminente riesgo de expulsión, hubiese o no lugar a recurso.
Esto es, precisamente, lo que ocurrió en el caso de Olga. Y, aunque este tipo de prácticas han sido erradicadas por la actual concejala, Ana Lorenzo, Manuel Salanova entiende que «debería dimitir se é que aquí mandan os funcionarios, porque para iso non precisamos políticos». La edila, en cambio, argumenta que la demandante recibe atención desde hace meses y que su expediente puede prosperar.
A todo esto, la nómina de requisitos por los que se interesaron los funcionarios a la hora de redactar su informe incluían aspectos tan llamativos como la existencia de armarios empotrados en el domicilio familiar. Para finalizar, Manuel cita dos recomendaciones que le propuso uno de los técnicos. Para atajar el problema en su inicio, «que esta gente venga con papeles». Ya en plena faena, «encadenarse al Ayuntamiento».