La trama societaria de blanqueo se remonta a la década de los noventa, según el auto de prisión
El juez Fernando Grande Marlasca hizo público ayer el auto de prisión incondicional de Marcial Dorado Baúlde, su hija, la abogada María Dorado Fariña, y de Eduardo Macho Pedrosa, uno de sus presuntos testaferros, todos ellos detenidos el pasado martes en Galicia y en Madrid por funcionarios de Vigilancia Aduanera.
Ese auto es similar a otro dictado el pasado miércoles, con el que se envió a prisión a los detenidos José Miguel Trías Rovira, José Manuel Sánchez Zabala, Ángel María Ríos, Alberto Toledo y los abogados Félix Pancorbo y Sara Sénchez.
En el mismo auto en el que el juez decreta la prisión de Dorado Baúlde, acuerda la libertad provisional con cargos de Benigno Viñas Allo, su hombre de confianza, ya que los hechos delictivos que se le imputan afectan básicamente a la causa por narcotráfico por la que están siendo juzgados ambos por la Audiencia Nacional.
Este auto de Grande Marlasca empieza así el relato de hechos en los que fundamenta su decisión: «Nos encontramos ante una organización criminal liderada por Marcial Dorado Baúlde, quien habiéndose dedicado de forma habitual, primero al contrabando y posteriormente al tráfico principalmente de cocaína, ha generado un importante patrimonio económico con origen en dicha actividad».
Como respaldo de esta aseveración alude a su detención, junto a Benigno Viñas, por su supuesta implicación en la introducción de una importante cantidad de cocaína «utilizando la lancha Nautillius ». Una embarcación que, según revela el auto, fue construida «de forma clandestina» en Astilleros Hércules, una de las empresas controladas en España por Marcial Dorado.
Paraísos fiscales
Marlasca relata que ya desde la década de los noventa, «al objeto de aflorar al tráfico económico financiero normalizado el conjunto de ingresos ilícitos con origen en su actividad criminal, Marcial Dorado constituyó una importante red de sociedades, algunas de ellas en paraísos fiscales y todas con cuentas abiertas en Suiza». Entre ellas cita Doverdale Trading Ltd (Isla Tórtola), Hartley Trading litd (Islas Vírgenes Británicas), Dinvol Investment Inc (Panamá), Bio Rechearch Marine Inc (Belice) y Herley Trust (Bahamas).
Precisa el juez que para la constitución de estas sociedades utilizó en Suiza el asesoramiento de la entidad Narval Service, administrada por Roberto Fasel, y «contó con el apoyo de Viecenco Liparulo, con antecedentes por tráfico de drogas, que realizaba las funciones de administrador o gestor del patrimonio de Marcial, en concreto en todo lo relacionado con las sociedades constituidas en los mencionados paraísos fiscales».
?El buque insignia
En cuanto a las sociedades radicadas en España, el juez instructor considera que Progamallo, SA, participada por Devardale -la firma radicada en el paraíso fiscal de Isla de Tórtola- era «el buque insignia de todo el entramado societario». Explica el auto que, a través de Progamallo, «y con el fin de aflorar las ganancias ilícitas», se adquieren distintos bienes inmuebles en la década de los 90 y en la actualidad. Entre ellos cita un párking en la calle Bravo Murillo de Madrid, otro en Málaga, una vivienda en la calle Menéndez Pelayo de Madrid y distintas fincas en la ría de Arousa.
Las cosas se le empezaron a complicar tras su detención por narcotráfico en el 2003. A partir de julio del año siguiente le fueron bloqueadas cuentas bancarias en Suiza y Bahamas, «con lo que la empresa Progamallo, que era la que canalizaba y distribuía la mayor cantidad de dinero deja de ser operativa para inyectar efectivo a las otras sociedades del grupo y se pone en evidencia que estas sociedades no son autosuficientes», explica el juez en el auto de prisión.
Esta falta de liquidez y las dificultades para obtener préstamos bancarios tras su detención truncó los proyectos vitivinícolas e inmobiliarios en marcha del grupo y les forzó a enajenar patrimonio y a montar una trama societaria paralela. Era el principio del fin.
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