Los vecinos de este edificio vigués intentan normalizar la situación para evitar el derribo, ordenado hace años por el Supremo por su proximidad al pazo de Castrelos
29 mar 2009 . Actualizado a las 03:26 h.Desde que en 1994 el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia anuló la licencia del edificio conocido como O Piricoto, construido sobre una colina en la parroquia viguesa de Castrelos, cerca de 400 personas soportan una difícil situación personal que se agravó cuando seis años después el Supremo ratificó la decisión y ordenó su derribo. Los avatares de esta larga historia lo han convertido en símbolo de una etapa urbanística insegura caracterizada por la anulación judicial de licencias. Con el paso del tiempo se ha constatado que todos los edificios siguen en pie y que el Concello intenta por todos los medios evitar demoliciones que pueden hacer quebrar las arcas municipales.
El caso de O Piricoto, sin embargo, es diferente y quizás el más veterano. De entrada, su licencia fue concedida en 1991, dos años antes de que entrara en vigor el polémico Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de 1993, que está en el origen de la mayoría de los problemas. Pero lo más destacado es que la licencia fue concedida de acuerdo con el Plan Xeral vigente en su momento y las obras se ajustaron a lo autorizado, contrariamente a lo ocurrido en la mayoría de los demás casos.
Prueba fotográfica
Pese a ello, los tribunales consideraron que su proximidad al pazo y los jardines de Castrelos, declarados bienes de interés cultural, convertía en ilegal la licencia por afectar a una norma estatal que defiende el entorno del patrimonio histórico. Es casi seguro que los jueces no comprobaron en directo la incidencia de O Piricoto y existe la creencia de que una fotografía con un encuadre preciso y el folleto de propaganda del edificio lograron el milagro de la sentencia anulatoria.
Pero no solo puede atribuirse el resultado a los jueces. El Concello, como es casi preceptivo, defendió sin éxito la licencia ante el Tribunal Superior, pero no hizo lo mismo cuando le llegó el turno al Supremo. En el gobierno de coalición PSOE-BNG que tuvo Vigo entre 1991 y 1995 el asunto fue largamente debatido. Al final, el Bloque impuso su tesis de no defender una licencia con la que no estaba de acuerdo. Con seguridad, un partido que llegaba por aquellos tiempos a sus primeras responsabilidades institucionales consideró que se lo debía a los vecinos que durante años intentaron paralizar las obras.
Pero no hay acción que quede impune. Pasados los años, el Supremo ratificó la anulación... cuando Vigo tenía alcalde del BNG. Entonces su visión era otra y hubo fuertes presiones para que los vecinos no pidieran la ejecución de la sentencia. Algunos se retiraron, pero otros mantienen la batalla judicial.