El funcionamiento del servicio postal en Vilagarcía ha recibido tres toques de atención por parte de sus usuarios en apenas una semana. La última de estas denuncias públicas parte de una vecina de la capital arousana, que tramitaba una declaración de minusvalía y perdió sus derechos al no presentarse a la cita que la sección de Cualificación e Valoración de Minusvalideces de la Xunta había concertado para ponderar su grado de invalidez. La mujer asegura que jamás recibió la notificación del departamento autonómico, dependiente de Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar.
La afectada pidió el reconocimiento de invalidez tras padecer una larga enfermedad que le impedía desempeñar su puesto de trabajo con normalidad. Con el expediente en marcha, Vicepresidencia le remitió una misiva para citarla en febrero del 2007 a fin de ser reconocida por su equipo de valoración y orientación. La comunicación advertía específicamente de las consecuencias que acarrearía la incomparecencia de la solicitante: «No caso de non comparecer a esta citación sen previo aviso e transcorridos tres meses sen que realice as actividades necesarias para reanudar a tramitación, producirase a declarar a caducidade do procedemento para o recoñecemento do grao de minusvalidez».
Al no recibir esta carta, ni acudió al examen ni reanudó tramitación alguna, por la simple razón de que seguía aguardando por la contestación de la Xunta sin saber que esta ya había sido emitida. No es extraño, así, que su sorpresa fuese mayúscula cuando, transcurridos cinco meses, en julio del 2007, Vicepresidencia le participó que ante la ausencia de noticias por su parte procedía a declarar la caducidad y archivo de todas las actuaciones practicadas en relación con su expediente.
«Ahora -explica uno de los familiares de la mujer- estamos intentando tramitar de nuevo la solicitud, pero por culpa de todo esto hemos perdido ya casi dos años y quienes pagamos las consecuencias somos nosotros, cuando el fallo evidentemente está en Correos».
Una calle con doble nombre
Varios de los problemas que denuncian los vecinos de la capital arousana se circunscriben a la calle Doutor Moreira Casal, en la que habita, precisamente, la víctima de este error. En el 2001, el pleno de la corporación municipal tomó la decisión de dedicar la vía a la memoria del facultativo y retirar su anterior denominación, Rivero de Aguilar, para dársela a un vial portuario en el que no existen viviendas, sino un parque, una zona de copas y un auditorio.
Pese a los siete años transcurridos desde entonces, aquel cambio continúa generando inconvenientes. Un vecino de la misma calle acaba de ser penalizado dos veces por Tráfico con 310 euros por no identificar al conductor de su automóvil, que cometió dos infracciones leves en abril y mayo de este año. Claro que el Centro de Tratamiento de Denuncias Automatizadas, ubicado en León, remitió la sanción original a la anterior denominación de la vía, provocando que jamás llegase a su destino. Todo ello, pese a que los datos del particular que figuran en la Jefatura Provincial de Tráfico de Pontevedra son correctos. En resumidas cuentas, el hombre se arriesga a pagar 620 euros por sendas multas que inicialmente se limitaban a 140 euros. Algo muy semejante le ha ocurrido a otra habitante de Doutor Moreira Casal.
Fuentes de la oficina postal rebaten, sin embargo, que la causa de este tipo de conflictos sea imputable a Correos. «Este servicio no funciona por capricho, sino según la Ley de Procedimiento Administrativo; el cartero obligatoriamente debe depositar cada carta en las señas que en ella figuran, y de no hallarse el domicilio, devolverla. Si hay un error, será cuestión del remitente o del destinatario».